Apenas cinco personas se sientan ya en el banquillo de los acusados del ‘caso Scala’. El tribunal ha dispensado a los otros 13 de asistir a las sesiones hasta los últimos días, después de que todos ellos se conformaran. Los únicos que asisten son Cardona, Ordinas, Isabel Rosselló, Arnaldus y Antoni Munar. | Teresa Ayuga

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El exconseller Josep Juan Cardona recibió avisos sobre lo que ocurría durante su mandato en el CDEIB. Una funcionaria de alto rango de la Conselleria de Comerç y un empresario declararon ayer que comentaron con el conseller el gasto desaforado del organismo y el hecho de que siempre contratara con las mismas personas.

La funcionaria Bárbara Mora era la jefa del Departamento de Gestión Económica. Señala que llegó a ese cargo por confianza con el conseller. Alertada ante el exceso de gasto en el consorcio -que llegó a gastar más del doble de su presupuesto en un año-, comentó «esa inquietud» con Cardona. Según contó, en esa reunión, el mensaje que recibió del conseller fue que lo dejara. «Nos hubiera gustado preguntar pero no podíamos. El CDEIB era un coto cerrado», explicó. A preguntas del fiscal, Pedro Horrach, la testigo explicó que desempeñó ese cargo hasta que fue degradada por el actual Govern. «¿Fue una represalia por lo que ha declarado?», inquirió el fiscal. «Nunca me lo manifestaron abiertamente, pero a nivel personal creo que sí», aseguró.

La otra advertencia le llegó al conseller por parte de un empresario de publicidad. Éste solía hacer el catálogo de una empresa zapatera hasta que, un año, Ordinas ofreció al fabricante subvencionar el folleto con la condición de que lo hiciera con una de las empresas investigadas en la trama. «Me enfadé mucho y pedí cita con el conseller». En la reunión, Cardona se mostró «sorprendido» y le dijo que hablaría con la gerente del CDEIB, Antònia Ordinas.

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Cardona

Estos dos testimonios cuestionan la versión del conseller quien afirmó no saber nada. En su declaración, Cardona reconoció estos dos encuentros.

Además declararon en la sesión de ayer del juicio los responsables de la empresa que imprimió los folletos del PP de Eivissa y el de la compañía de transportes que los envió con cargo al CDEIB. El impresor señaló que por este trabajo facturó 6.000 euros que no sabe si el diseñador cobró o no. El envío, según el otro testigo, se hizo por encargo de un empleado del consorcio quien ya lo ha reconocido en el juicio.

Las sesiones del ‘caso Scala’ se toman ahora dos semanas de parón y se retomarán el 6 de mayo. Durante esa semana se prevé que concluya el juicio. Entre las testificales de la defensa, que se celebrarán el día ocho está la del alcalde de Manacor, Antoni Pastor.