Alicia Mateos16/04/13 0:00
TW
1

El gobierno de Mateo Isern presentó ayer un paquete de medidas para dar respuesta a las personas desahuciadas, con la finalidad de que «ningún ciudadano se quede en la calle por un desahucio como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida». La teniente de alcalde de Benestar Social, Sandra Fernández, y el teniente de alcalde d’Urbanisme i Habitatge, Jesús Valls, aseguraron que si es necesario ampliar este nuevo paquete lo harán. Las medidas más destacadas son:

100.000 euros para nuevos pisos

Se habilitará una nueva partida de 100.000 euros para captar nuevos pisos que se puedan poner a disposición de las personas desahuciadas o para subvencionar el pago del alquiler a las personas que no puedan hacerlo por una situación sobrevenida. Además, los técnicos del Patronat Municipal d’Habitatge están mediando para intentar que los propietarios rebajen el alquiler a los usuarios de PalmaHabitada que tiene problemas para pagar.

100.000 euros para ayudas económicas

Se creará una partida específica para personas desahuciadas, que se suman a los 160.000 euros de ayudas económicas urgentes que se han concedido en el primer trimestre de 2013 (estos no son exclusivamente para desahuciados).

Convenio con el Ibavi

Próximamente se firmará un convenio de colaboración con el Ibavi, para que ponga a disposición de las personas que desahuciadas viviendas en Palma o en la Part Forana.

Información de los desahucios

Cort prevé firmar un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para que le informe de las personas que vayan a perder su vivienda. «Muchas veces las personas afectadas no son usuarias de los servicios sociales municipales y con la notificación del TSJB podremos actuar con mayor agilidad», argumentó Fernández.

Más espacio

Cort ofrecerá más espacio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para que puedan atender a más personas, ya sea en el casal de Can Alonso o en otro edificio municipal.

Asesoramiento jurídico

Diferentes colegios profesionales, en colaboración con la PAH, ofrecerán asesoramiento jurídico a las personas inmersas en un proceso de alzamiento.

Estas medidas se quieren consensuar con la oposición y todo apunta a que será posible, porque algunas las han pedido ellos y otras la PAH.