Imagen de las instalaciones de Mac Insular. | Pere Bota

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Mac Insular ha negado «tajantemente» que preste un servicio deficiente, como dijo ayer la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom, que anunció el inicio de los trámites para declarar la nulidad del contrato con esta empresa tras la detección de irregularidades con indicios penales en la concesión.

Mac Insular ha remitido un comunicado en el que afirma que en los «siete años de funcionamiento jamás ha recibido una queja o notificación de la administración» pública, en alusión a las deficiencias del servicio.

Precisa que ha cumplido «escrupulosamente sus obligaciones contractuales» y ha aplicado las tarifas fijadas y aprobadas por el Consell de Mallorca, «pese a las pérdidas económicas que viene soportando».

La empresa responsable en Mallorca de la explotación del servicio público de tratamiento de residuos de construcción-demolición, voluminosos y neumáticos desde 2003 se muestra sorprendida de que la institución insular se refiera a «unas supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato» diez años después de su firma.

La denuncia de estas irregularidades perjudican «claramente» a Mac Insular, además de ser causa de profunda inseguridad jurídica», añade la empresa.

La concesionaria recalca, además, que la decisión del Consell de Mallorca, que lleva a la Fiscalía el contrato con Mac Insular, que esta decisión se produce tras la interposición por parte de la concesionaria de cuatro recursos contencioso administrativos «en defensa de sus derechos como concesionario y decenas de denuncias por vertidos ilegales que han contado con la pasividad de la Administración».

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Salom explicó en una rueda de prensa que tras varias negociaciones infructuosa con Mac Insular para mantener la tarifa actual por tonelada de escombro limpio (46 euros) y tras un informe técnico del Consell de Mallorca que detectaba irregularidades en la firma del contrato realizado en 2003, la institución insular decidió iniciar los trámites para declarar su nulidad y remitía el informe a la Fiscalía al haber indicios de delito penal.

Además, se refirió a seis contenciosos interpuestos por la concesionaria, en los cuales uno reclama al Consell de Mallorca 110 millones de euros.

Mac Insular deja claro en su nota que «no ha recibido ninguna notificación oficial» sobre la decisión del organismo insular y está «a la espera de ésta».

«En defensa de sus intereses se reserva el derecho a exigir las responsabilidades patrimoniales que legalmente procedieran, así como las responsabilidades personales derivadas de las actuaciones realizadas hasta la fecha», señala en el comunicado.

Insiste en que la concesión fue otorgada mediante un concurso público, fiscalizado por la administración pública con los informes favorables de los técnicos y órganos competentes.

«Confiando legítimamente en la correcta actuación de la administración, Mac Insular procedió en su momento a ejecutar las inversiones exigidas y a prestar el servicio público conforme al contrato firmado», precisa.

Durante los últimos seis años, informa Mac Insular, ha presentado decenas de propuestas para tratar de abaratar los costes del servicio y asegurar su viabilidad, que han sido «rechazadas expresamente o no han sido contestadas».