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El teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Jesús Valls, ha explicado este martes que el convenio por el que los promotores cederán viviendas vacías o deshabitadas a familias desahuciadas era una «buena noticia» que se ralentizará porque existe «un problema con los bancos», que no permiten que las casas se alquilen por debajo del precio de la hipoteca, de forma que «si se podía pensar en una bolsa de entre 40 y 50 viviendas, no va a poder ser así».

Valls ha firmado este martes el convenio de colaboración con el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), José Luis Guillén, por el que los promotores se comprometen a prestar de forma temporal viviendas nuevas a familias necesitadas, que el Ayuntamiento de Palma se encargará de seleccionar.

«El problema han sido los bancos», ha manifestado el teniente de alcalde de Urbanismo, que ha señalado que aunque la iniciativa «parecía muy optimista», el convenio queda abierto para que los promotores, de manera individual, puedan acordar con las entidades bancarias las condiciones de estos alquileres sociales, por lo que se desconoce el número de viviendas que seráncedidas finalmente.

Los promotores negociarán con los bancos

Guillén ha señalado que, a pesar de que existe «muy buena voluntad» por parte de los promotores, «por desgracia», la promoción de viviendas cuenta con una hipoteca para que el comprador se pueda subrogar, unas cláusulas que «sin ser abusivas» explicitan que no se puede alquilar por un precio menor al del coste de los intereses de ese mismo préstamo durante el mismo ejercicio.

El líder de los promotores ha apuntado que, ahora que el convenio está firmado, los promotores indicarán las viviendas de las que disponen, «lucharán con los bancos» y «harán todo lo que puedan» para proporcionar al Ayuntamiento de Palma todas las casas que sea posible.

Guillén ha asegurado que el stock de viviendas es «bajo», ya que no existen más de 150 casas nuevas acabadas en Palma y hay otras descartadas para el alquiler social, como las destinadas al mercado vacacional de alemanes o ingleses, una carencia a la que se debe añadir que «para comprar son todo dificultades», porque los bancos ya no dan créditos.

Además, ha proseguido el presidente de Proinba, las entidades bancarias están alquilando las viviendas que se han quedado tras un desahucio pasándolas a sus obras sociales, «lo que encaja perfectamente», ya que se está pasando del mercado de compra al de alquiler.

De esta forma, aunque la hipoteca aparezca en sus cuentas y el Banco de España les obligue a cubrir la diferencia, «saben que en dos, tres o cinco años volverán a ponerla en venta».

Apelan a la responsabilidad de las entidades bancarias

«Lo absurdo es desahuciar a un propietario y después devolverle la casa mediante un alquiler social», ha criticado Guillén, que ha opinado que los propietarios deberían pasar a inquilinos con opción a compra.

En opinión del presidente de Proinba «el truco siempre está en el suelo», por lo que ha considerado además que se deben bajar los precios del suelo, lo que conllevaría una disminución en el precio de la vivienda.

«Las entidades de crédito en estos momentos tienen que actuar con responsabilidad y tenderle una mano a las familias que han ido cumpliendo toda la vida con la cuota hipotecaria», ha afirmado Valls, que ha señalado que el Ayuntamiento de Palma tiene dificultades para «encontrar una brecha y otorgar una solución contundente para los ciudadanos que lo están pasando mal».

El teniente de alcalde de Urbanismo ha detallado que el Ayuntamiento de Palma cuenta con tres bolsas de viviendas: las municipales, las de Palma Habitada -que provienen de particulares que ponen a disposición del Consistorio sus edificaciones para que les facilite el alquiler- y la del convenio con los promotores.

El programa de viviendas del convenio de promotores contempla alquileres de entre 70 y 400 euros -frente a los 500 euros de precio medio de alquiler en Palma en viviendas con dos habitaciones y de 600 en aquellas que cuentan con tres- con la condición de que en cinco años se devuelva la casa al promotor «en las mismas condiciones de habitabilidad».

Gijón ha incidido en que el Ayuntamiento de Palma no adquiere ningún compromiso presupuestario, sino que, a través de un protocolo de requisitos sociales y una comisión técnica que consta de dos técnicos del área de Servicios Sociales y dos de Vivienda, adjudicará las viviendas a familias con más necesidades, de forma que es el promotor «el que se sacrifica con la ayuda de la entidad de crédito».