Antoni Gómez, en una imagen de archivo. | T. Ayuga

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Dos consellers del Govern dejaron ayer claro en el pleno del Parlament que la estrategia de recorte del sector público no tiene marcha atrás. Tanto Antonio Gómez (Presidència) como Simó Gornés (Administracions Públiques) informaron de que recurrirán la sentencias que le obligan a readmitir a personal del IDI. Gómez aseguró que las última sentencias «no tienen ni pies ni cabeza» y que recurrirán al Supremo.

El Ejecutivo tiene previsto que unas 800 personas hayan sido despedidas al final del proceso. Tanto Manel Martí (Més) como Pilar Costa (PSIB) preguntaron por este asunto en la sesión plenaria de ayer. Destacaron que esas sentencias habían evidenciado la precipitación del Ejecutivo a la hora de afrontar su política y que el coste de las indemnizaciones podría resultar más caro de lo que se pretendía ahorrar. Tres sentencias sobre despidos en el IDI obligan a readmisiones. El Govern recurrirá.

Derroche

Gornés aprovecho una de sus intervenciones para poner un ejemplo del dispendio del Pacte: afirmó que se había econtrado 72 cajas y una factura fechada en 2009 de 4.000 euros en estaciones meteorológicas’ (es decir un barómetros y termómetros de pared), a razón de 53 euros cada una «para decorar despachos». El conseller dijo que eso era un ejemplo de derroche. Según el conseller, por no tener, no tenían ni pilas para que funcionarían.