Seis concejales del Ajuntament de Palma dejarán de tener dedicación exclusiva cuando entre en vigor la ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como ‘ley Montoro’, si no se producen cambios en el borrador. Actualmente 26 de los 29 regidores de Cort tienen dedicación exclusiva; concretamente los 17 del PP y los 3 de Més tienen dedicación exclusiva, mientras que del PSOE la tiene 6 concejales de 9. La teniente de alcalde de Funció Pública, Irene San Gil, manifestó que se desconoce cómo se aplicará la reducción de dedicaciones exclusivas.
Asesores. A Palma no le afectará la reducción de asesores y secretarios de grupo que prevé la ‘ley Montoro’, ya que actualmente tiene menos de los que se permitirán. Exactamente, el Consistorio palmesano cuenta actualmente con 7 asesores y 6 secretarios de grupo; pero la nueva normativa le permitiría tener un total de 20 eventuales.
Sueldos. La implantación de la ‘ley Montoro’ tampoco supondrá una rebaja del sueldo del alcalde Mateo Isern, ya que establece que podría cobrar entre 90.000 y 80.000 euros brutos al año (el 90 % de lo que percibe un secretario de Estado), mientras que Isern cobra 58.534 euros brutos anuales.
Competencias. Palma si perderá competencias, ya que las de Educación y Sanidad serán exclusivas de las comunidades autónomas y habrá cinco años para hacer el cambio progresivo. Así, las escoletes pasarán a ser competencia del Govern, aunque Cort podrá seguir gestionándolas si el Ejecutivo autonómico se lo paga; el Estado establecerá unos baremos que fijarán los precios. Los inspectores de consumo de Cort tendrán que dejar de hacer inspecciones en los comercios y limitarse a los mercados municipales, salvo que el Govern le pague para que siga prestando estos servicios.
En el caso de los servicios sociales, la titular de Funció Pública puntualizó que Cort seguirá teniendo las competencias en los casos de emergencia social; el resto tendrán que ser asumidos por el Consell de Mallorca, ya que el Govern le tiene trasnferidas estas competencias.
Si no se producen cambios en el borrador, establece que «únicamente cuando esté garantizada la prestación de servicios obligatorios se podrán prestar otros servicios no obligatorios».
Funcionarios. Los funcionarios que tienen la categoría de habilitados nacionales pasarán a depender del Estado; se trata de la secretaria del Pleno, de la secretaria de la Junta de Gobierno, la Tesorera y el Interventor. San Gil también añadió que los sueldos de los funcionarios municipales podrían verse modificados, ya que el Estado ha pedido a los consistorios que le informes de los salarios de todas las categorías para unificarlos.
Empresas públicas. La empresas públicas de Cort tampoco se verán afectadas por el futuro marco legal, ya que actualmente tienen beneficios; la Ley señala que deberán aplicar un plan de saneamiento o ser liquidadas.
1 comentario
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Per a mi, és un escàndol la pràctica actual, vul dir l'autofixació pels polítics municipals del seus sous i nombr de dedicacions. Una llei nacional sera doncs d'allò més saludable per tal de limitar aquetos abusos, a la vegada ètics i estètics.