Esas 157 peticiones son casi una décima parte de las 1.289 solicitudes que se registraron en el año 1999. El último año del siglo XX marcó el récord y aquella cifra no volvió a alcanzarse ni siquiera a mediados de los años 2000, en pleno boom económico y de la construcción.
La presión urbanizadora en suelo rústico se concentró a finales de la década de los 90 y principios de la primera década de este siglo. Frente a las 149 autorizaciones para urbanizar que se dieron el año pasado para construir una vivienda en suelo rústico, destacan las 800 autorizaciones concedidas en 1996 y las 810 del año 2000.
Estas cifras tan elevadas tienen una explicación. En el caso de 1996, la parcela mínima para urbanizar era de 7.000 metros cuadrados, el equivalente a quarterada. Durante esos año el Consell de Mallorca estuvo controlado por el Pacte de Progrés, que elevó a 14.000 metros, dos quarterades la parcela mínima para construir en suelo protegido.
Protección
La decisión de elevar el mínimo de suelo para poder construir una vivienda tuvo efectos inmediatos y de las 870 solicitudes presentadas en 1997 se pasó a 466 un año más tarde. Un año después, en 1999, el Pacte de Progrés consigue llegar al Govern y la promesa de volver a elevar a 21.000 metros cuadrados la parcela mínima para urbanizar provoca el aluvión de peticiones que refleja el gráfico.
La parcela no llegó a incrementarse nunca, pero la avalancha de peticiones tuvo consecuencias en años sucesivos, con una cierta estabilización entre 2003 y 2007. El ‘boom’ económico propició un nuevo incremento de autorizaciones para edificar viviendas entre 2008 y 2009 y, a partir de esa fecha, el descenso es imparable hasta alcanzar el mínimo absoluto del año pasado.
En cualquier caso, la construcción en rústico de todos estos años ha tenido consecuencias directas en el campo mallorquín. En casi 20 años se han construido 7.759 casas unifamiliares en el campo. En términos de población es el equivalente a la población de Alcúdia y Artà, casi 26.000 residentes.
Es decir, que en 20 años se ha construido en el campo el equivalente a un nuevo pueblo pero no compacto sino diseminado. En cualquier caso, esas 7.759 viviendas construidas están ligeramente por debajo de las 9.171 peticiones realizadas esos años y que habrían supuesto construir vivienda una población del tamaño de Inca.
A pesar de que la progresiva urbanización del campo ha dejado de considerarse un problema y la Ley de Suelo Rústico ha funcionado para poner coto a los excesos del pasado, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori está en estos momentos en pleno proceso de elaboración de un diagnóstico sobre los problemas que presenta en estos momentos el suelo rústico.
La construcción de viviendas es uno de ellos, pero no tanto la que se ha hecho legalmente sino las 20.000 viviendas ilegales que se calcula que existen en el campo mallorquín.
En este listado de problemas del suelo rústico se encuentran desde los almacenes agrícolas, los tejares y otro tipo de actividades industriales que en su momento se construyeron en suelo protegido y que ahora requieren una solución. Una de las opciones que se maneja es legalizar este tipo de instalaciones si acreditan que cumplen una serie de condiciones.
3 comentarios
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I mira que se'n porien fer de païses, havent tants de rucs que mos governen.
Lamentablement, aquestes són les xifres oficials; en realitat, la construcció d'habitatges en sòl rústic és molt superior si hi contam les il·legals que, massa sovint, es deixen prescriure per interès polític.
Aquesta pausa és una bona notícia, perquè el paisatge rural mallorquí anava desapreixent, en molts de llocs, sota tantes construccions. No es podria limitar la superfície de certes cases, sobredimensionades, amb impact molt agressiu damunt el paisatge?