Jaume Garau, durante la rueda de prensa de esta mañana. | Pere Bota

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El PSIB y Més acusaron ayer a la consellera insular de Medi Ambient, Catalina Soler, de «decir mentiras» y de «tomarnos el pelo» a todos con las razones que exhibió el día anterior para justificar la paralización de los envíos de residuos desde Sabadell para quemarlos en la planta de Son Reus.

Tanto Mercedes Garrido (PSIB) como Joan Font (Més) aseguraron que el trasfondo del asunto era la «ilegalidad» de la operación. La presidenta del Consell, Maria Salom, dijo que «lo cómodo» era no haber hecho nada y que la tarifa subiera.

Mercedes Garrido tildó de «ridículo» que la consellera aludiera a los costes de la insularidad y a la rebaja de las subvenciones a la energía renovable.

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«Cuando se aprobó el traslado ya éramos una Isla», dijo Garrido, que (además) indicó que la rebaja de la subvención a la que aludió Soler era de un 0,03 % por tonelada.

«Eso no es lo fundamental, lo fundamental es que a Tirme no le salían las cuentas y que Soler se ha convertido en una representante de Tirme más que en una consellera del Consell».

PSIB y Més apuntaron a que había llegado el momento de cambiar el contrato con Tirme y arbitrar una nueva fórmula para fijar «una tarifa estable».

La presidenta del Consell mantuvo que su compromiso sigue siendo que la tarifa no aumente y que seguirán buscando el modo de hacerlo posible.