La infanta Cristina, en una imagen de archivo. | Efe

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El juez del ‘caso Nóos’, José Castro, reproduce en el auto de 542 folios que redactó para imponer una fianza civil solidaria de 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, declaraciones de empleados la sociedad Aizoon, propiedad al 50 por ciento del yerno del Rey y de su esposa, la infanta Cristina.
La empleada que realizó labores de limpieza en el domicilio de los duques de Palma, situado en la calle Pedralbes de Barcelona, entre 2004 y 2007 declaró ante el juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que Urdangarin, en presencia de la infanta Cristina, le comentó que si finalmente la contrataban no le harían un contrato de trabajo sino que cobraría en negro.
Explicó que poco tiempo después, Urdangarin sí le ofreció regularizar su situación laboral con un contrato, ya que ella lo necesitaba para obtener la nacionalidad española, y le extendió uno a través de la mercantil Aizoon.
Aizoon
A la pregunta de si conocía la sede de Aizoon respondió que no, porque ella solo había trabajado como empleada doméstica.
Esa declaración concide con la de otros trabajadores que prestaron sus servicios a los duques de Palma.
El juez señala en su auto: «Los trabajadores, desde los menos a los más cualificados, se adscribían caprichosamente a las distintas empresas con independencia de para cuál de ellas prestaran materialmente sus servicios, dato este que ni ellos mismos conocían y cuando, a fines inconfesables convenía, se pasaban de unas a otras en clara concurrencia de prestamismo laboral».
Asimismo, la Agencia Tributaria afirma en un informe que Urdangarin «interpuso» la sociedad Aizoon para facturar «ciertos servicios...todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF».