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La Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) ha reclamado una reunión urgente con el Ministerio de Fomento para abordar el posible límite a la bonificación del transporte por ser residente insular y ha criticado el alarmismo creado alrededor de esta cuestión.

La patronal balear ha pedido la reunión con Fomento a través de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) porque no ha sido informada sobre esa posibilidad que estudia el Gobierno central de limitar la subvención por el descuento de residente.

«No se nos ha informado ni consultado en ningún momento sobre las intenciones del Gobierno de reducir la subvención en el descuento de residente», ha criticado Aviba en un comunicado.

Después de que ayer se hiciera público que el Gobierno central ha planteado a los gobiernos balear y canario varios escenarios para limitar la bonificación en el transporte, que podría ser de entre 70 y 100 euros máximo por trayecto, Aviba ha criticado el alarmismo que esta cuestión ha generado en la ciudadanía.

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«Consideramos innecesaria la alarma social que este asunto está creando en la sociedad balear», ha criticado la entidad, que ha pedido a los gobernantes y partidos de la oposición que eviten crear «este tipo de polémicas antes de que salgan a la luz».

La patronal ha subrayado que el Gobierno debe tener en cuenta que cuando los ciudadanos insulares pagan una tarifa de transporte más elevada de la media «es por necesidad» y porque los billetes con precios reducidos disponibles en cada vuelo van disminuyendo a medida que se acerca la hora y la fecha de salida, por lo que el usuario de último minuto se ve obligado a pagar una cantidad más elevada.

«Defendemos que los isleños tienen el derecho de moverse por el territorio español como cualquier otro ciudadano, no se puede seguir penalizando la insularidad», afirma Aviba en el comunicado.

La entidad ha advertido de que si esta negociación de una reforma del sistema de descuento aéreo es una forma de presión para que las compañías aéreas bajen sus precios, considera que «no es el camino adecuado» y además perjudica al ciudadano.

Según la patronal, esta negociación perjudica al tejido empresarial y la pequeña y mediana empresa, ya que con este tipo de medidas están fomentando el uso de compañías de bajo coste, algunas de ellas no recomendadas por las agencias de viajes «por su falta de seriedad, seguridad y trato al cliente».