A pesar de que su objetivo era permitir a los ayuntamientos que autorizaran la construcción de alguna de las urbanizaciones que paralizó el Pacte, la realidad es que la llamada 'ley Company' no está teniendo este efecto.
De hecho, ningún ayuntamiento de Mallorca ha utilizado la ley para dar el visto bueno a estas urbanizaciones ante el temor a que la ambigüedad del texto termine teniendo consecuencias negativas debido a que el asunto acabe en los tribunales. El Govern reconoce que el texto está dando problemas y estudia introducir cambios.
Andratx y Sóller
Algunos ayuntamientos, como el de Andratx o el de Sóller, están en fase de revisión de sus normas urbanísticas para ninguno de ellos ha aprobado las polémicas urbanizaciones, como Cala Blanca en Andratx y Muleta en Sóller. Aseguran que los términos de la ley son tan ambiguos que tanto puede interpretarse que el texto les afecta como que no les afecta.
El documento, presentado inicialmente como decreto ley, fue finalmente tramitado como ley en el Parlament. Donde existen más dudas es las disposiciones que aseguran que, para permitir estas urbanizaciones que quedaron desclasificadas por el Pacte, los terrenos deben tener los servicios básicos «plenamente funcionales» y «suficientes» para la población a la que hay que dar los servicios. También hay problemas con la interpretación de otras disposición en la que se asegura que el terreno debe estar transformado en más de dos terceras partes de su superficie.
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Vius amb ses indemnitzacions, que no hi ha diners per pagar-les.