Diego Torres (izquierda), junto a su abogado Manuel González en los juzgados de Palma en 2011. | S. Amengual

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«Resulta palmario que no se puede pretender una responsabilidad civil de quien posee el carácter de subsidiario frente a la del autor», señala el abogado de Diego Torres, exsocio del Instituto Nóos, en el escrito de oposición a la fianza civil de 8,2 millones de euros que piden la Fiscalía Anticorrupción, el Govern balear y el sindicato Manos Limpias.

«Diego Torres no es, ni podía ni puede ser autor, sino todo lo más partícipe (cooperador necesario, inductor o cómplice)», añade el letrado.

Niega, asimismo, «toda la retahíla de inadmisibles afirmaciones» acusatorias en los tres escritos y no comparte la opinión del Ministerio Fiscal de que los responsables de las administraciones públicas, de acuerdo con los del Instituto Nóos, tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas para beneficiar a personas concretas.

El abogado pone como ejemplo que varios de los acuerdos que firmó Torres fueron con consellers del Govern balear (menciona a la exconsellera de Presidència i Esports Rosa Puig y el exconseller de Turisme Joan Flaquer), por lo que no cabía tener dudas de la «bondad y absoluta licitud» de los mismos, y asegura que su defendido no conocía de nada a esas personas, de manera que tampoco pudo concertarse con ellos. Añadió que Torres «no tenía, ni tiene, ni podía ni puede tener la menor idea, ni directa ni indirecta, de cuestiones de tipo jurídico». Afirmó que las actividades recogidas en los acuerdos de colaboración entre el Instituto Nóos y las administraciones públicas que se investigan en esta causa se llevaron a cabo y además «con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos», por lo que considera «imposible» atender a la solicitud de fianza.