Inaki Urdangarin, durante su delcaración en Palma. | Reuters

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El abogado de Iñaki Urdangarin asegura en el escrito de oposición a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros solicitada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que «jamás» cobró dinero público de Balears y Valencia en el periodo de tiempo -2003 a 2006- en el que, junto a Diego Torres, estuvo al frente del Instituto Nóos.

El letrado señala que el perceptor de los 5,8 millones de euros de dinero público por la celebración de foros turístico-deportivos fue Nóos, y reduce a tan solo 700.000 euros la cantidad que recibió a través de Aizoon SL, la sociedad de la que es propietario al 50 por ciento junto a su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Además, cifra en 106.850 euros el dinero que ingresó en concepto de «asalariado» de Nóos entre los años 2004 y 2006.

«Iñaki Urdangarin no ha percibido cantidad alguna de los convenios celeberados en Valencia o Palma», señala el abogado de Urdangarin, Mario Pascual en el escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro.

«Fue el Instituto Nóos de Investigación Aplicada quien exclusivamente percibió los importes de los convenios celebrados», añade el letrado, quien defendió, asimismo, la legalidad de la actuación de Nóos: «No hay en la causa ningún indicio racional de criminalidad de la que quepa deducir una finalidad distinta de la prevista por la Ley por parte del Instituto Nóos».

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Defensa

La defensa del yerno del Rey recuerda que éste ocupó el cargo de presidente de Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2006.

«Por tanto, únicamente puede pretender la acusación hacerle partícipe de hechos que hayan ocurrido dentro de ese lapso temporal... en ningún caso a otros que sean posteriores a la citada fecha», señala.

El escrito del abogado de Urdangarin también critica con dureza la actuación desarrollada por la Comunitat Autònoma de Balears en el ‘caso Nóos’ y su decisión de adherirse a la petición de la fianza civil para su representado.

«Entra en el terreno del ‘deliriums trémends’ que la propia Administración que decidió la forma jurídica en la que debían llevarse a cabo la colaboración propuesta por el Instituto Nóos, tenga la osadía de personarse como acusación, cuando es la única y exclusiva responsable del instrumento jurídico empleado», afirma el abogado.

Subraya, asimismo, que «a día de la fecha nadie en esa Administración insular ha presentado queja alguna por las actividades desarrolladas por el Instituto Nóos al amparo de los convenios de colaboración suscritos con la Administración autonómica».

El juez instructor del ‘caso Nóos’ decidirá en los próximos días la cuantía de la fianza civil solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias y el Govern, para Urdangarin y su exsocio Diego Torres de forma solidaria y conjunta, que asciende a 8,2 millones de euros. Asimismo, el magistrado tendrá que decidir si acepta el embargo de los bienes de ambos imputados para cubrir el total de la caución requerida.