Germà Ventayol10/01/13 0:00
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Un enorme estruendo rompió el silencio de la madrugada del 11 de enero de 1963. Un gran tramo de la muralla del Baluard de Sant Pere se había desplomado sobre el cauce del torrente de sa Riera, un suceso que, en principio, se pensó que había sido fortuito, aunque pronto se supo que había sido intencionado. Dos bombas de cal eran las responsables del desplome.

Lo ocurrido pone en evidencia cómo se entendía, hace diez lustros, la protección del patrimonio y la especulación inmobiliaria, un concepto que, en opinión del historiador Guillem Rosselló Bordoy «no ha cambiado tanto a pesar del tiempo transcurrido».

La historia es sencilla. Con el traslado, en 1952 del cuartel de Artillería a Son Busquets, en la carretera de Valldemossa, los terrenos que se encontraban en el Baluard de Sant Pere fueron adquiridos en subasta, en 1961, por Gabriel Munar Carbonell. Con una autorización de demolición del Gobierno Civil, cuyo titular era Plácido Álvarez Buylla, se colocaron los explosivos a pesar de que todo el conjunto estaba protegido por su valor histórico-artiístico. «Se ve que los propietarios consideraban que el edificio singular a proteger era el que iban a contruir ellos», recuerda Rosselló.

Reacción inmediata

Todos los medios de comunicación se hicieron eco de lo acontecido, que no causó desgracias personales. «Tremendo desmoronamiento», tituló Ultima Hora al día siguiente en una información que acompañó con fotografías del estado en que quedó la muralla y los edificios abandonados del altiguo cuartel.

El entonces director del Museo de Mallorca y delegado de Defensa del Patrimonio Histórico Artístico, Guillem Rosselló, puso de inmediato en conocimiento de Madrid lo ocurrido, los cuales, en apenas unas horas, obligaron al Gobierno Civil a retirar los permisos de derribo concedidos –de manera irregular– aunque tampoco se quisieron depurar responsabilidades por lo acontecido.

La Administración central costeó la rehabilitación de la muralla y se revirtió la enajenación de los terrenos del baluarte en cuestión, que pasó a ser, en 1997, de titularidad municipal.

Rosselló recuerda que el hecho «provocó la indignación de muchos palmesanos» y resalta la celeridad con la que se actuó desde los organismos responsables de la protección del patrimonio histórico y cultural. «Me siento muy feliz de haber contribuido a salvar el Baluard», confiesa al recordar aquel episodio.

El interés especulativo del derribo intencionado era obvio, mientras se tramitaba la recuperación de la muralla por parte del Ministerio de Educación, en julio de 1964 se constituyó la sociedad Vich-Pons S.L. para construir viviendas en el solar que debía quedar disponible.