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Del centenar de trabajadores que se quedaron sin empleo a raíz del cierre de la Radiotelevisión de Mallorca, únicamente 9 tienen trabajo un año después de la clausura, según un informe elaborado por el Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) que indica que la plantilla no ha recibido las ayudas prometidas.

El cierre del ente público dependiente del Consell de Mallorca supuso el despido de 115 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con los que el SPIB ha intentado contactar un año después para conocer su situación.

La encuesta de situación laboral realizada por el sindicato ha sido respondida por 75 de los trabajadores, de los que únicamente 9 declaran haber encontrado empleo estable un año después del cierre.

De las personas que han respondido, 40 pertenecían a las áreas de redacción y edición, 22 en el apartado técnico de imagen y sonido, 3 en administración y 8 en otras áreas no especificadas.

A la pregunta de cuál es su situación laboral desde que se cerró RTVM, 52 de los encuestados han respondido que han estado en el paro desde entonces, 14 han realizado trabajos esporádicos y 9 han encontrado trabajo estable.

El SPIB ha denunciado que los trabajadores de TVM y Ona Mallorca fueron despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado y el derecho a la participación de ayudas económicas para la formación o desplazamiento por motivo de trabajo o formación, a cargo del Consell e Mallorca, pero estas ayudas han quedado en suspenso por estar el ente en concurso de acreedores.

El sindicato ha señalado que, por esta circunstancia, los extrabajadores han quedado por este concepto adscritos a la lista de beneficiarios de la liquidación, en el mismo nivel que otros proveedores.

El SPIB ha criticado que el Consell de Mallorca se haya desentendido de los trabajadores que han tenido que formarse por su cuenta a la espera de que se resuelva el concurso de acreedores de RTVM para recibir las ayudas comprometidas.

Los trabajadores no aceptaron el ERE de la RTV de Mallorca, contra el cual el comité de empresa presentó una denuncia por improcedencia que está pendiente de resolución judicial, ha recordado el sindicato.

El SPIB considera que el cierre del ente insular fue una decisión arbitraria y ha achacado el mismo a la «irresponsabilidad» de los partidos políticos que han gobernado el Consell de Mallorca.