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El Gobierno central ha levantado el veto a la mayor parte de los artículos de la ‘ley Company’ sobre los que pesaban sospechas de inconstitucionalidad en aspectos tan relevantes como la legalización de urbanizaciones en suelo rústico. Este artículo, uno de los más importantes del texto, tenía una advertencia de inconstitucionalidad por parte de la Abogacía del Estado que ya ha sido levantada.

Govern y Gobierno llevan negociando desde julio sobre los aspectos de esta ley que el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera inconstitucionales y ya se ha alcanzado un acuerdo de conformidad en la mayor parte del texto.

Urbanizables

Otro aspecto de la ley sobre el que hay acuerdo, y que el Gobierno cuestionaba, se refiere a la disposición que permitía convertir en suelo urbanizable zonas de la costa virgen que se hayan entre enclaves urbanos, disposición pensada de forma específica para la zona de ses Feixes, en Eivissa.

El conseller de Territori, Gabriel Company, explicó además que el acuerdo está prácticamente cerrado en lo relativo a los estudios de impacto ambiental. La ‘ley Company’ señala que, si a los dos meses no hay respuesta de la Administración sobre los estudios de impacto ambiental, se entenderá que el expediente sale adelante por silencio administrativo. La ley básica actual señala que no puede darse el silencio positivo, sino que la Administración tiene la obligación de pronunciarse a favor o en contra del impacto ambiental del proyecto.

Donde no hay acuerdo por el momento es en otras dos cuestiones de relativa importancia. La ley aprobada este mismo año por el Parlament incorpora que los promotores queden exentos de construir VPO en determinados núcleos de las Islas, pero que a cambio pueda haber compensaciones económicas de los constructores al municipio. El Gobierno cree que esta disposición sigue siendo inconstitucional.

El último apartado en el que sigue habiendo diferencias entre el Govern y el Gobierno central también guarda relación con los promotores y constructores. La ‘ley Company’ permitía a los municipios pagar las obras de los contratistas con solares incluidos en el patrimonio público del suelo. Es decir, si un constructor hacía una escoleta, en lugar del pago en metálico la ley permite al Ajuntament pagar las obras con la cesión de un solar, siempre que estos solares se destinen a VPO. El Gobierno central, por el momento, no da el visto bueno a esta posibilidad.

Recurso

La negociación sobre estos aspectos cuestionados de la ley comenzó el pasado mes de julio, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy plantease una serie de discrepancias al texto inicial de Company. Esta negociación es el paso previo a un recurso de inconstitucionalidad, en el caso de que las dos Administraciones no lleguen a ponerse de acuerdo en el texto.

De hecho, la ley no está en el Alto Tribunal en estos momentos porque el Gobierno decidió cambiar el procedimiento de recurso y obligar a las administraciones afectadas a tratar de llegar a un acuerdo previo para no colapsar el Tribunal Constitucional.