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La primera tanda de imputaciones por la 'operación Mupi', una derivada de Gürtel, ha destapado la caja de los truenos en el PP balear. La previsible imputación de Mabel Cabrer, portavoz parlamentaria e, incluso, del presidente del Parlament, Pere Rotger, ha hecho aflorar el malestar latente ante una exigencia del presidente del partido y del Govern: que cualquier persona imputada pusiera sus cargos a disposición del partido con la seguridad de que le iba a ser aceptada.

Las imputaciones, que parten de una declaración de un directivo de la agencia Over Marketing (que realizó trabajos para el PP, el Govern y algunos ayuntamientos), no tardaron en convertirse en el eje de conversaciones en el Parlament, que ayer celebraba sesión plenaria.

El caso de Rodríguez

Pere Rotger señaló que no quería adelantar acontecimientos pero que si resulta imputado pondrá su cargo a disposición del partido. Rotger, no obstante, dijo que no tuvo ninguna participación directa en una contrata con Over, en su época de alcalde de Inca. Afirmó que Antoni Juaneda (director insular de Menorca, imputado) fue a verle «como comercial de Over» y que encargó a Rafel Torres (también imputado) que llevara el asunto, «ya que era teniente de alcalde e iba a ser el próximo alcalde». Dijo que Torres firmó el contrato para realizar una encuesta. La tesis de Rotger es que poner el cargo a disposición no supone su aceptación automática. Hasta ahora, la 'doctrina Bauzá' era otra. El todopoderoso José María Rodríguez fue obligado a dimitir poco después de haber sido nombrado delegado del Gobierno en Balears ante su posible imputación en la trama.

A excepción de Cabrer y de Rodríguez, Bauzá no aceptó que ningún conseller de 'la era Matas' optara al Parlament.

Cargos del PP son ahora partidarios de revisar la 'doctrina Bauzá'. El president ha dicho que no. También él podría ser imputado en algún caso relacionado con sus incompatibilidades.