TW
2

El conseller balear de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha informado hoy de que el Govern prevé ahorrar unos 7,1 millones de euros con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y empleados públicos de la comunidad autónoma este año.

Gornés ha comparecido ante la comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament a petición del grupo socialista para explicar los efectos de las medidas de ahorro del Plan de Equilibrio Económico del Govern sobre el personal de la comunidad.

El conseller ha señalado que «el mayor ejercicio de ahorro» para este año en el Servicio General de la comunidad autónoma procederá de la suspensión de la paga extra de Navidad para funcionarios, personal laboral, eventual y altos cargos, con una partida que ronda los 7.167.000 euros millones de euros.

Gornés ha defendido la necesidad de aplicar este plan de equilibrio para «intentar contener el crecimiento desaforado» de la administración en los últimos años, que ha calificado de «absolutamente insostenible».

Ha destacado que, antes de la aplicación del plan, en el Govern ya se aplicaron medidas de ahorro desde el comienzo de la legislatura como la reducción de altos cargos y ha puesto como ejemplo que solo en la Conselleria de Administraciones Públicas, el ahorro por este concepto se estima en 1,3 millones de euros en los 4 años de mandato.

Tanto la diputada socialista Pilar Costa como el del PSM-IV-ExM i Més per Menorca, Nel Martí, han insistido en preguntarle al conseller sobre los «rumores» de que el Govern estudia aplicar «un ERE» que supondría el despido de 300 trabajadores en la plantilla de la comunidad autónoma

El conseller Gornés ha explicado que el Govern inició hace meses una auditoría técnica para reorganizar las plazas de funcionarios y personal laboral de la comunidad autónoma que aún no está finalizada.

Gornés ha subrayado que la auditoría «no se hace con el objetivo de echar a nadie, sino de racionalizar y poner un poco de orden en la administración pública».

«Hasta que no tengamos este documento cerrado es prácticamente imposible decir hacia dónde irán las decisiones que tengan que tomar», ha dicho Gornés, que ha manifestado su confianza en poder contar con «información objetiva y palpable» antes de que termine el año. Según Gornés, los criterios de trabajo que marcan esta auditoría son «racionalidad, eficiencia, eficacia y mejor servicio».

Por otra parte, durante la comisión, el conseller y el diputado socialista Cosme Bonet han intercambiado descalificaciones -se han llamado «stalinista» y «falangista» respectivamente- en relación a una pregunta sobre la modificación de la Ley de Función Pública que permite cambiar los topónimos de las islas a la forma castellana.

Bonet ha defendido que solo hay una lengua propia de las islas que es el catalán y ha acusado al Govern del PP de poner por delante el castellano. El socialista ha criticado que «no sirve para nada» cambiar los topónimos, solo para dejar claro «el poderío» y la «prepotencia» con la que gobierna el PP . «Yo creo que quien más hace por el sentimiento independentista es el PP», ha afirmado.

Gornés ha negado que la ley cambie nada y ha asegurado que lo que hace es dar libertad a los ayuntamientos. También ha respondido a una pregunta sobre la central de compras del Govern, creada para establecer economías de escala y ha explicado que se calcula que permitirá ahorros de entre un 10 y un 30 % dependiendo de los servicios.

Ha detallado que el objetivo es conseguir «ahorros más o menos sustanciales» en las familias de suministros de limpieza, seguridad, correos y mensajería, viajes material de papelería, consumibles informáticos, seguros y telefonía y energía

Ya está en proceso de licitación el acuerdo marco de limpieza que se adjudicará a finales de octubre y además está en marcha el pliego de energía, vigilancia, seguros y papel.