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La modificación de la ley para permitir que se incineren basuras de Europa en Palma provocó ayer una reacción unánime tanto en la oposición como en el grupo ecologista GOB: todos aseguraron que el PP quiere convertir Mallorca «en el vertedero de Europa».

El portavoz del PSIB-PSOE en el Consell, Jaume Garau, envió un comunicado en el que considera que la propuesta presentada por el PP por medio de una enmienda a la ley de medidas urgentes «es un suicidio económico y ambiental». El portavoz del PSOE criticó que se han antepuesto los intereses de la empresa al de los ciudadanos de Mallorca «y se vuelve atrás un siglo en materia medioambiental».

«La consellera de Medi Ambient se ha convertido en la consellera de Tirme», asegura el comunicado en referencia a Catalina Soler. Para el PSOE, la solución pasa por ampliar el periodo de concesión de la incineradora a la empresa para evitar así la subida de tarifas.

El PSM-IV-ExM también está de acuerdo con la ampliación de la concesión a Tirme, según explicó ayer en rueda de prensa el portavoz de los nacionalistas en el Consell, Joan Font. «El PP pone por delante los intereses de sus ‘amiguetes’ en detrimento de los ciudadanos de Mallorca», añadió el representante nacionalista.

Basuras de Italia

«Todos sabemos quién gestiona las basuras en Nápoles», afirmó el conseller del PSM-IV-ExM, en referencia a la anunciada posibilidad de que las basuras que se quemarán en Mallorca procedan del sur de Italia.

El GOB se sumó a las críticas de los partidos de la posibilidad de que llegue basura de otros países de Europa. En un comunicado, la organización ecologista cree que el Consell está sometido a las órdenes de Tirme y denuncia que se construyeron dos nuevas líneas de incineración que costaron 250 millones de euros sin que fueran necesarias.

El Consell, por su parte, difiere de la visión ofrecida ayer por la oposición. La consellera de Medi Ambient aseguró tras conocerse la noticia que la medida permitirá congelar la tasa de incineración en 2013 y reducirla en el ejercicio de 2014.

Fuentes del Consell han estimado que la importación de residuos de otros países de Europa reportará unos ingresos de unos 14 millones de euros y generará unos 350 puestos de trabajo mientras se mantenga esta actividad. Insisten en que no tendrá efectos negativos para el medio ambiente.