La modificación legal abre el paso a que la incineradora queme residuos procedentes de otros países de Europa.

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Mallorca recibirá a partir del año que viene basura procedente de otros países de la Unión Europea -casi con toda probabilidad de Italia- para quemarla en la incineradora de Son Reus. El PP, por indicación del Govern, ha presentado una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes para la activación económica que abre la puerta a la llegada de basura de otros países.

La enmienda del PP abre la puerta a la incineración de basuras, previamente tratadas, procedentes de otros países, pero también se requerirá una autorización previa de la Unión Europea para que la incineradora de Son Reus pueda tratar estos residuos, según explicó ayer Catalina Soler, consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca.

Soler, reticente en un principio a la posibilidad de tratar residuos procedentes de otros países, aseguró que el propósito de este cambio legislativo es conseguir que baje la tasa que pagan los ciudadanos por la eliminación de los residuos.

Bajar las tarifas

Este año, la tasa es de 131 euros y para el año que viene Tirme, la empresa concesionaria de la incineradora, ha propuesta subir la tasa hasta 142 euros. Soler asegura que la llegada de basura de otras zonas de la Unión Europea permitirá congelar la tasa en 2013 y bajarla en 2014.

No es la única enmienda presentada por el PP que afecta al tratamiento de residuos. Las propuestas de modificación también afectan al propio Govern, que a partir de ahora deberá pagar un canon al Consell por la eliminación de los lodos de las depuradoras. Estos fangos se queman en Son Reus y el coste de su tratamiento, unos 10 millones de euros al año, repercute en la tarifa que pagan los ciudadanos. La enmienda del PP obliga a Govern y Consell a abrir un proceso de negociación para fijar la cantidad que pagará.

También hay novedades con respecto a la eliminación de los residuos cárnicos procedentes del matadero. Ahora se queman de forma provisional en la incineradora a la espera de que se construya una planta específica de tratamiento.

Lo que hace la enmienda del PP es modificar el plan de residuos para que la autorización provisional, que acababa a finales de año, se convierta en definitiva y no haya necesidad de hacer nuevas inversiones en esta materia.

La última modificación afecta a los residuos de demolición, los escombros de obra. Las enmiendas del PP establecen bonificaciones a los ayuntamientos que lleven escombros a la planta de tratamiento. Se pretende que aquellos municipios que limpian solares convertidos en vertederos ilegales de escombros no sean después penalizados económicamente cuando envían todo el material a las plantas de tratamiento.