Los funcionarios toman la calle por los recortes. | J. TORRES

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La tradicional cuesta de septiembre será todavía más empinada para la mayoría de los ciudadanos de Balears. Mañana, 1 de septiembre, marcará un antes y un después en la economía española y balear.

Muchas son las cosas que variarán mañana y que repercutirán en los bolsillos de los ciudadanos de Balears, con la subida del IVA como principal elemento de disputa.

Patronales, asociaciones empresariales y de consumidores han criticado duramente esta decisión del Gobierno central para recaudar más por vía impositiva, sin atender a ningún tipo de razón y no tener en cuenta el hecho de que la temporada turística finaliza el 30 de septiembre.

Son muchos los sectores afectados, máxime cuando alguno de ellos han visto incrementado el IVA del 4 al 21% (material escolar) o del 8 al 21%, repercutiendo esta circunstancia en la viabilidad económica de muchas empresas y en el propio bolsillo de los consumidores.

Curiosamente, expertos y economistas coinciden en señalar que este aumento de la fiscalidad, que tiene como finalidad incrementar los ingresos para reducir el déficit, va a tener un efecto contrario, porque disminuirá el consumo privado y la actividad económica en los sectores productivos, lo cual se traducirá en una caída de los ingresos derivados del IVA. Es lo que se puede denominar efecto «boomerang».

Sanidad

Además, a partir de mañana, y si no se produce ninguna novedad de última hora, los usuarios del Hospital Universitari Son Espases tendrán que pagar para poder aparcar en el párking subterráneo del hospital de referencia.

También los inmigrantes ‘sin papeles’ tendrán que pagar para ser atendidos en la sanidad pública balear. Pero, a 24 horas de la puesta en marcha de ésta medida, que ha creado mucho malestar entre las ONGs que se encargan de éste sector de la población y las asociaciones de inmigrantes, todavía no se ha concretado, por parte de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, cómo se cobrará a los irregulares.

Por otra parte a partir del 1 de septiembre 417 fármacos quedan excluidos de la prestación farmacéutica y se tendrán que pagar, entre otros fármacos algunos antitusivos muy conocidos y laxantes de uso común.