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Más de 300 empleados públicos se han concentrado a las 12.00 horas de este viernes frente a los juzgados de Vía Alemania de Palma contra las medidas de ajuste que ha aprobado el Gobierno central, quienes de forma espontánea han ocupado la carretera durante aproximadamente 15 minutos en el cruce con la calle Barón de Pinopar.

Los manifestantes procedían de todas las administraciones cercanas al juzgado, que han sido llamados a acudir a la concentración haciendo uso de su descanso reglamentario. Entre ellas, empleados procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, el IB-Salut o el INSS, que en total forman un colectivo que alcanza medio millar de personas.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Miguel Angel Romero, ha explicado que la concentración ha sido «una muestra más de la indignación de los empelados públicos por el nuevo hachazo del Gobierno de forma injusta e ineficaz».

Asimismo, el presidente del CSI·F en Baleares, Andreu Bou, ha asegurado que «si el Gobierno no rectifica la situación empeorará». Además, ha remarcado que «el Gobierno está siendo completamente dictatorial y ha usurpado totalmente la democracia de este país». En su opinión, «no se trata de si los recortes son necesarias o no, sino que son medidas impuestas» y añade que si el Ejecutivo no rectifica «habrá graves problemas».

Romero ha manifestado que «el Gobierno tiene que entender que esto no es sostenible, no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, cometiendo tropelías». Así, ha preguntado «quién rescata a los ciudadanos si se rescata a la banca».

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Reducción del IRPF

Por otra parte, el responsable de Comunicación de la Federación de Enseñanza de CCOO, Toni Baos, ha anunciado que los sindicatos de la Comunidad pedirán una «regularización» del IRPF porque dejarán de cobrar una de las 14 pagas anuales. Así, ha explicado que si ahora les corresponde una retención de entre el 19 o 20 por ciento, ahora se les deben retener tres puntos menos, lo que supondrá «una recuperación líquida de entre 60 y 100 euros por cada funcionario.

En este sentido, Baos ha comentado que esta reducción del IRPF «repercute en toda la recaudación que el Govern debería tener prevista para este año» y añade que «el recorte de una de las pagas de los funcionarios repercutirá también en las arcas públicas de la Comunidad».

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT ha afirmado que el Gobierno «va a asfixiar a la economía y lleva al país a la quiebra social». Por ello, pide una «rectificación inmediata» del Ejecutivo central.

En este sentido, el presidente del CSI·F en Baleares ha remarcado que los responsables de la crisis «no son los funcionarios, estamos cansados de que se rían de nosotros». Así, ha manifestado que «no puede ser que nos sigan dando palos como si fuéramos los culpables» y ha asegurado que continuarán con las movilizaciones.