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Un juez de primera instancia ha sentenciado que la peatonalización de la calle Blanquerna no debió hacerse por decreto de la Alcaldía sin incorporar un informe técnico que lo apoyase. Los comerciantes que promovieron la demanda no reclaman ahora que la calle vuelva a ser transitada por vehículos sino que «los gobernantes sepan que no pueden hacer lo que les da la gana».

Pau Bellinfante, portavoz de la asociación empresarial que promovió la demanda contra Cort por la decisión de la entonces alcaldesa Aina Calvo de convertir en peatonal el tramo entre Conde de Sallent y la plaza de París, señaló ayer que «no tiene sentido reclamar que la calle, al cabo de dos años, vuelva a su anterior configuración, porque todo ha cambiado, pero queremos comunicar a los gobernantes municipales anteriores y presentes que no vuelvan a modificar las cosas por una vía tan poco democrática como un decreto».

Estudio riguroso

Por su parte, Bartolomé Servera, presidente de la patronal de comercio Afedeco, señaló que «a diferencia de lo que otros pudieron hacer en su día, con la sentencia no queremos reclamar el retorno a la situación física de la calle hace dos años, porque ello significaría volver a las tensiones que vivimos en su momento».

La sentencia señala en sus fundamentos de Derecho que la peatonalización de una calle es una decisión administrativa de naturaleza discrecional, que la mayoría gobernante de un ayuntamiento puede promover, pero precisa de una motivación.

«La discrecionalidad -señala el fallo judicial- no equivale a arbitrariedad, por lo que la Administración debe exteriorizar las razones que la han llevado a adoptar la decisión final justificando que la misma es la mejor para el interés público que está llamada a tutelar».

Para el magistrado firmante de la resolución, el exámen de lo que el Ajuntament consideró tras la demanda como expediente administrativo que justificó la decisión de la alcaldesa «determina la inexistencia de un estudio mínimamente riguroso que avale técnicamente la conveniencia de peatonalizar la calle Blanquerna», y añade que tampoco se adjuntó «un programa de gobierno tendente a peatonalizar algunas calles del municipio de Palma, y la conveniencia de que una de ellas sea la afectada por el decreto».