Maria Salom, entre Joan Rotger y Jaume Joan (derecha), ayer en el pleno. | M. À. Cañellas

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El gran ajuste de Rajoy, que incluye la pérdida de competencias por parte de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ha situado a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, ante un escenario nuevo. Si Salom basó su campaña electoral, y las primeras actuaciones de su ejecutivo, en la necesidad de 'adelgazar' la institución, las reformas del Gobierno central, que incluirán una nueva Ley de Régimen Local, pueden llevarla por el camino opuesto.

La propia presidenta insular, con mucha cautela, admitió ayer este cambio y afirmó que en lugar de 'adelgazar', habrá que dar fuerza a determinadas áreas. Salom tiene la seguridad de que será en esta legislatura cuando algunos ayuntamientos dejen de gestionar lo que llama «competencias impropias»: en cultura, en juventud, en educación, en asuntos sociales, en recogida de residuos y en otras que se irán concretando.

Llega dinero de carreteras
En otras comunidades, explicó Salom, estas competencias pasarán a las diputaciones, que en Balears no existen ya que los consells las sustituyeron.

«Nuestro problema -dijo Salom después del pleno de ayer- es la financiación». Y recordó que «las diputaciones cobran tributos de las provincias». Aludió al IBI y al impuesto de matriculaciones.

Durante la sesión plenaria se abordó la situación financiera de la institución. La responsable d'Hisenda, Margaldia Roig, dijo respondiendo a una intervención de la socialista Rosario Sánchez que «el problema del Consell es la falta de liquidez provocada por los impagos del Govern». El gobierno insular y la oposición coincidieron en este punto y se aprobaron o pactaron varias mociones. Entre otras, una en la que se instaba al Consell a pagar los antes posible su deuda con los ayuntamientos. Se empezará por pagar diez millones.

El pleno oficializó la propuesta de liquidación del contrato de concesión de la carretera de Manacor, lo que quiere decir que la institución recibirá 214.000 euros por el peaje en sombra.

El Govern balear adeuda al Consell de Mallorca, ambos gobernados por el Partido Popular, 280 millones de euros.