Aina Calvo, durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana. | M. À. Cañellas

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La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Aina Calvo, ha exigido al alcalde, Mateo Isern, que adopte medidas para atenuar el daño que los recortes anunciados ayer por el presidente del Gobierno causarán a los palmesanos, ya bastante castigados por las subidas de impuestos municipales y autonómicos.

«El máximo representante de estas medidas en nuestra ciudad es el alcalde», y por tanto le corresponde aliviar la carga que supondrán para los vecinos, muchos de los cuales tendrán más dificultades para pagar el encarecimiento del transporte público, la subida del 17 % del IBI y otras tasas que ha incrementado Cort.

Así lo ha subrayado Calvo en una rueda de prensa en la que ha analizado la incidencia sobre el municipio de las medidas «injustas e ineficaces» anunciadas por Mariano Rajoy, que a su juicio perpetúan «la rueda de la recesión infernal».

Para la líder del PSIB de Palma, el incremento del IVA «es una obscenidad» porque no va acompañado de ninguna medida de persecución del fraude ni de mayores gravámenes para las grandes fortunas, sino que, al contrario, se plantea cuando está en curso una amnistía fiscal para aflorar dinero negro y después de que el Govern del PP haya desestimado subir el impuesto de patrimonio.

Calvo ha centrado buena parte de sus críticas en la suspensión de la paga de Navidad de los empleados públicos, una medida que «criminaliza» a los funcionarios al transmitir la falsa idea de que sus salarios son la causa del endeudamiento público que lastra la economía española.

La concejala socialista ha subrayado que la extra de Navidad representa una reducción del salario anual equivalente al 7 %.
También ha reprochado al PP que jaleara ayer el anuncio de Rajoy de que se reducirá la prestación por desempleo a partir del sexto mes para incentivar la búsqueda de trabajo, lo que significa trasladar la idea de que los parados lo son porque quieren y «cobran un subsidio que no se merecen».

Calvo ha admitido que en la anterior legislatura, cuando ella era alcaldesa de Palma y José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno, también se impuso un recorte salarial del 5 % a todos los funcionarios, pero ha insistido en que esa medida se tomó con el propósito de evitar despedir a empleados públicos y con la intención de acompañarla de un impuesto para las grandes fortunas. «Fue un recorte por el que pagamos un precio» político, ha admitido la dirigente socialista, quien ha incidido en que, más allá de posibles contradicciones, como jefa de la oposición en Cort tiene la «obligación de levantar la voz».

En el próximo pleno del Ayuntamiento, previsto para el 26 de julio, el grupo del PSIB defenderá una proposición en la que plantea que se justifique el aumento de la jornada de los funcionarios y se rechace su criminalización y otra en la que defiende que el IVA turístico se mantenga en el 8 %.

Además, los socialistas abogarán por que el aumento del IVA no repercuta en las tarifas de los autobuses urbanos e instarán al Gobierno central a paralizar la aplicación de la amnistía fiscal.