La nueva Ley de Turismo podrá aprobarse en el próximo pleno del Parlament

| Palma de Mallorca |

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La nueva Ley de Turismo podrá aprobarse en un próximo pleno extraordinario del Parlament una vez que hoy ha sido ratificado en comisión el dictamen de la ponencia, un trámite en el que el PP y la oposición han mantenido sus discrepancias en torno a los aspectos urbanísticos de la nueva normativa.


Aunque aún no ha sido fijada formalmente la fecha, los grupos cuentan con que la sesión extraordinaria de la Cámara legislativa se convoque para el próximo 17 de julio.

La Comisión de Turismo ha dado esta mañana su visto bueno al dictamen de la ponencia sobre la ley turística, que se sometió el pasado 19 de junio a la votación de sendas enmiendas a la totalidad de PSIB y PSM-IV-ExM i Més per Menorca que fueron rechazadas por la mayoría del PP.

La portavoz popular en temas turísticos, Lourdes Bosch, ha defendido que la norma permitirá «permite devolver la competitividad a la principal fuente de riqueza de las Islas Baleares», mientras que los representantes de los grupos de izquierdas han criticado que la ley favorezca la construcción en suelo rústico y la extensión del uso residencial de hoteles.

«Pretendemos ser resolutivos, dar soluciones al sector», ha subrayado Bosch, para quien los grupos opositores mantienen una postura inmovilista y «se aferran a los POT (Planes de Ordenación Turística) como la panacea» a pesar de que esta herramienta se ha demostrado ineficaz.

Cambios de usos

La diputada ha lamentado que se intente «demonizar el cambio de usos» de los edificios de alojamiento turístico cuando durante años se ha permitido que medio millar de ellos se convirtieran en inmuebles residenciales sin ningún aval legal. «Debemos actuar. Una venda en los ojos no es la mejor manera de resolver los problemas», ha recalcado.
Además, ha recordado que la ley establece que en proyectos de rehabilitación por cambio de uso se ceda un 10 % de edificabilidad para equipamientos comunitarios y ha incidido en que «la última palabra la tienen siempre los ayuntamientos».


La diputada socialista Isabel Oliver, que ha agradecido la participación en los trabajos de la ponencia del director general de Turismo, Jaime Martínez, ha asegurado que el proyecto legal «no respeta las competencias de los consells y de los ayuntamientos».

A juicio de los socialistas, las «dispensas, exoneraciones y exenciones» que contempla la ley «provocan inseguridad jurídica y agravios comparativos».
Oliver ha sido especialmente crítica con la ampliación de los usos turísticos permitidos en suelo rústico, al margen en muchos casos de las normativas urbanísticas en vigor, lo que supone «una deriva clara hacia la terciarización del suelo rústico». «Más ladrillo y más cemento es pan para hoy y hambre para mañana», ha afirmado.

En una línea similar, la diputada de PSM-IV-ExM i Més per Menorca Joana Lluïsa Mascaró ha defendido que «los planes de intervención turística tienen que estar supeditados a los planes territoriales y no al revés».
La representante nacionalista ha abogado por que la ley establezca más restricciones a los condohoteles e incorpore una regulación que de verdad garantice la calidad de la oferta de todo incluido.
«Las únicas medidas para desestacionalizar son permitir más construcción en el suelo rústico», ha apuntado Mascaró, cuyo grupo mantiene a través de una enmienda su propuesta de que se establezca una nueva «tasa turística por estancias en temporada alta» cuya recaudación se destine al cuidado del medio ambiente.

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