Poco antes de las 9.30 horas, Castro ha llegado a la Ciudad de la Justicia acompañado por el fiscal del caso, Pedro Horrach, para la segunda ronda de interrogatorios en la capital catalana, en la que, hasta mañana, tomará declaración a más de sesenta testigos y al empresario catalán imputado Joaquim Boixareu, que compareció ayer.
Al igual que el miércoles, uno de los primeros en llegar a la sala de vistas habilitada para llevar a cabo los interrogatorios ha sido Mario Pascual Vives, el abogado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
A lo largo de la jornada de hoy, está previsto que Castro tome declaración al portavoz de Compromís en Les Corts valencianas, Enric Morera, quien ayer ya anunció que aportaría datos sobre quién dio las órdenes para que el gobierno valenciano firmara, «eludiendo todo procedimiento reglado», un contrato con la entidad dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres.
En el marco del «caso Palma», el juez Castro investiga el supuesto desvío de dinero de los Gobiernos balear y valenciano al Instituto Nóos cuando lo presidía Urdangarin. «Aportaremos alguna documentación en la instrucción de este caso sobre quién es el señor X», anunció ayer Morera, en relación a la persona que, según él, «dio el dinero de los valencianos al señor Urdangarin».
Para hoy, también se prevé que comparezcan ante el juez el exjugador de baloncesto José Antonio Montero y el director general de Salud Pública, Antoni Plasencia, así como empleados del servicio doméstico de Urdangarin y trabajadores del Instituto Nóos.
En la sesión del miércoles, el empresario imputado Joaquim Boixareu admitió que en diciembre de 2006 constituyó la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social por encargo de Iñaki Urdangarin, aunque no para protegerlo, ya que nunca ha sido -afirmó- «hombre de paja» ni intermediario del duque de Palma.
Dicha Fundación, que la Fiscalía sospecha que Diego Torres e Iñaki Urdangarin utilizaron para desviar fondos a paraísos fiscales, fue creada meses después de que la Casa del Rey indicara al duque de Palma que debía abandonar sus negocios al frente de Nóos, en marzo de 2006.
También compareció ayer, en calidad de testigo, el exconseller y antiguo alto cargo del Departamento de Salud Manuel Balcells, que justificó que la Generalitat firmara en 2005 un convenio de 35.000 euros con el Instituto Nóos para «la cesión» del doctor Ignacio de Juan Creix en la necesidad de que acabara un plan director que había iniciado.
El propio Creix, que testificó ayer por la tarde, desmintió ante el juez la versión de Balcells, al negar que trabajara para la Generalitat antes de fichar por el Instituto Nóos.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.