Imagen parcial del Govern. Company, entre Gornés y Castro, durante una intervención. | Alejandro Sepúlveda

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El Parlament dio ayer un vuelco al modelo territorial y urbanístico de las Islas al aprobar la llamada Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible y reformar la Ley de Capitalidad de Palma.

Aunque el aspecto más mediático de la reforma de Ley de Capitalidad, instada por el Ajuntament, es que adopta como nombre oficial Palma de Mallorca en lugar de Palma, el nuevo texto incluye un cambio de calado: que el Consistorio, y no el Consell de Mallorca, tendrá la última palabra en urbanismo y en la aprobación de su plan general.

Óscar Fidalgo, el diputado del PP que defendió la medida, no se fue por las ramas: dijo que «así evitamos que se usen las instituciones para oscuros intereses políticos». La tesis del PP, insinuada pero no expresada en el pleno de ayer, es que el urbanismo de Palma fue moneda de cambio en la negociación del anterior pacto, en alusión clara a la polémica por el diseño de la fachada marítima y la protección del edificio de Gesa.

Ley de confusión

PSIB y PSM-Iniciativaverds-Entesa votaron en contra. También votaron en contra de la ley de medidas urbanísticas urgente, o 'ley Company', en referencia al conseller que la impulsa.

La tesis del PP es que la nueva norma elimina trabas, agiliza proyectos y garantiza la seguridad jurídica. Según la oposición, se consigue el efecto contrario. Jaume Carbonero (PSIB) y Antoni Alorda (PSM-Iniciativaverds-Entesa) lo dejaron claro. Para Carbonero, se trata de una norma que desregula todo lo que estaba regulado, que legaliza parcelaciones ilegales, permite más construcciones en suelo rústico y que «provocará efectos catastróficos». Según Carbonero sólo pretende esquivar controles.

Esa fue también la linea argumental de Alorda, que fue más allá. Para el diputado econacionalista «han introducido intencionadamente la confusión». Añadió que «nada en esta ley se puede leer de forma inocente» y mantuvo que «esta ley sería el sueño dorado del señor Massot, y no voy a recordar ahora dónde está». Jaume Massot fue director general de Ordenació del Territori con Matas y ahora está en prisión.

Traslado de pacientes

También el GOB mostró ayer su preocupación por la ley de medidas urgentes e hizo público un comunicado en la que advirtió al Ejecutivo que haría un seguimiento «muy de acerca» y que estaría alerta ante las consecuencias que tenga su aplicación.

Durante el turno de preguntas, la consellera Castro dijo que «en junio o julio» se pagaría la deuda con las agencias de viajes para el traslado de pacientes. El pleno rechazó una moción contra el cierre de hospitales.