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El PP ha asegurado que el 90% de las empresas públicas no cumplió la legalidad en 2010, según detalla el informe de la Sindicatura de Comtes sobre las cuentas de la Comunidad, por lo que se plantea presentar denuncias por prevaricación y fraude.

La portavoz parlamentaria de los 'populares', Mabel Cabrer, ha explicado en rueda de prensa que «nunca en la historia» de Baleares había ocurrido que el «90% de las empresas públicas tenga una auditoría de legalidad adversa».

Entre las empresas que habrían cometido posibles fraudes, se encuentra el Ibavi, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), el Parc Bit, Bitel, la Agencia de Turismo de Baleares, el Ibanat, Ports de les Illes Baleares, Espai de Natura, Multimedia o la Sociedad Tranvía de Palma.

Cabrer ha señalado que «llegarán hasta el final», porque no «es de recibo que «tantas empresas públicas» incumpliesen con la legalidad en un momento en que «más que nunca se aseguraba que se estaba cumpliendo la ley». Así, ha detallado que en el informe anterior, sólo Illesport se encontró en esa situación.

Desde el PP han criticado que el Ib-Salut tenga «un suspenso generalizado en gasto de personal y de contratación». «En personal, hay un desorden voluminoso» y «casi el 100% de esta materia incurre en irregularidades», además de las habidas «en materia de contratación», ha dicho Cabrer.

Para Cabrer, en las de contratación destaca el fraccionamiento generalizado, «cosa que está prohibida», así como «las irregularidades sustanciales en el modificado de Son Espases, que aumentó un 34% y sin concurso sólo está permitido un 20%».

Según ha especificado los motivos del mismo, que eran el «impacto visual de Sa Real, no es causa legal de interés general que justifique el modificado de 200 millones de euros».

Así, ha dicho que la adjudicación del hospital de Can Mises en Ibiza, «no se hizo conforme a la legalidad porque la oferta ganadora introducía una serie de mejoras que luego no estaban incluidas en el contrato y este criterio no se aplicó a la otra licitadora».

La 'popular' ha afirmado que respecto a los SFM, se produjeron «desfases presupuestarios», entre ellos los de las obras de la línea que va de Manacor a Artá y «no constan actuaciones para cubrir este desfase, lo cual es muy grave».

Por esto, Cabrer ha considerado que tras estos hechos «se pueden esconder delitos de prevaricación, malversación y fraude en la Administración» en los que profundizarán después de «todo lo vivido en la legislatura pasada» y por lo que llegarán «hasta el final».