Jaume Matas. | Teresa Ayuga

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Jaume Matas se acogió ayer a a su derecho a no declarar ante el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, y las demás partes personadas, aunque entregó un escrito donde defiende el acuerdo alcanzado con el Instituto Nóos cuando lo presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. También, hizo público otro escrito dirigido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que formula una queja contra «la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Balears»

Matas y su abogado, Antonio Alberca, permanecieron algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma. El juez le preguntó al expresidente si sabía por qué había sido citado como imputado en la pieza separada 25 del 'caso Palma Arena', y respondió que no. El magistrado, entonces, le recordó que comparecía por los dos convenios firmados con Nóos y que costaron 2,3 millones de euros a las arcas de Balears.

Silencio

Matas dijo que se acogía a su derecho constitucional de guardar silencio e hizo entrega de un escrito con cinco apartados.

Afirma en el escrito que se ratifica íntegramente en lo que ya declaró en 2010 sobre los dos eventos 'Fórum Illes Balears', que «efectivamente se celebraron», precisa, e insiste en que su actuación en los hechos objeto de investigación en la causa «se ajustó en todo momento a la legalidad».

«La Fiscalía realiza una interpretación contraria al Derecho administrativo para poder formular su imputación contra mi sobre la supuesta ilegalidad de tales actuaciones», subraya.

Recuerda, asimismo, que Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, «ambos vinculados estrechamente a Balears, suponía la mejor garantía para confiar en el buen fin de los eventos realizados», y apostilla: «En aquel momento nadie podía tener la menor sospecha de que los responsables del Instituto se proponían llevar a cabo actuaciones irregulares en el manejo de los fondos obtenidos de las administraciones públicas, lo que de confirmarse sería una gravísima deslealtad con quienes confiaron en todo momento en su honorabilidad y probidad»

Matas, asimismo, se queja ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre la «discriminación» que supone que esté imputado en el 'caso Nóos' mientras a dirigentes políticos de la Comunidad Valenciana y Cataluña, gobiernos que también contrataron con el instituto de Urdangarin, se les cita como testigos.