Simó Gornés tomo posesión de su cargo en junio del pasado año. Sobre estas líneas, en el momento de la jura, junto a Aguiló y Gómez. | Joan Torres

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El conseller d’Administracions Públiques del Govern balear, José Simó Gornés, es un funcionario muy especial: logró del Consell de Menorca una excedencia forzosa por servicios especiales pese a que ocupaba una plaza interina, la de arqueólogo de la institución, cuya titular es la socialista Cristina Rita, diputada del grupo parlamentario Socialista.

El Consell, en pleno traspaso de poderes, pero cuando aún estaba gobernado por los socialistas, le concedió la excedencia pese a que hay normativa legislativa que señala que este tipo de excedencias sólo puede ser concedida cuando se es funcionario de carrera. El Consell de Mallorca, y el Consell de Eivissa, han aplicado este criterio, no reservar la plaza, cuando se han dado casos similares. Fuentes del Consell de Menorca indicaron que si se concedió la excedencia, entraba dentro de la legalidad.

Fernanda Caro, consellera de Benestar Social en el primer Govern del Pacte (1999-2003) y María Díaz Pascual, directora general de Justicia en el anterior Ejecutivo, cesaron en su plaza por ocuparlas de forma interina.
Gornés es el ‘jefe’ político del funcionariado de la Comunitat Autónoma que ha puesto en marcha una remodelación para ‘adelgazar’ la Administración.

El plan de ajuste del Govern afecta al personal funcionariado y prevé despidos de personal eventual e interino que pueden superar las dos mil personas.

Nada ilegal

Gornés, de 44 años, es licenciado en Geografía e Historia, dirigente del PP en Maó y fue portavoz de las áreas de Cultura y Educació en anteriores mandatos. Se incorporó al Govern balear tras las elecciones autonómicas de hace un año a propuesta del partido en Menorca.

El conseller Gornés dijo ayer a Ultima Hora que la excedencia entra dentro de la legalidad y que su pase a servicios especiales es consecuencia de una resolución firmada por el entonces conseller de Servicios Especiales con fecha del 20 de junio de 2011. Todo entra dentro de la legalidad, precisó. Gornés recordó que el presidente del Consell era, todavía, el socialista Marc Pons.