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El Consell de Mallorca ha recibido hoy el visto bueno por parte del Gobierno a su plan de ajuste con la intención de solicitar a la Administración del Estado su autorización para realizar una operación de crédito valorada en 28,4 millones de euros, con el fin de hacer frente a las deudas con los proveedores.

En un comunicado de prensa, el Consell de Mallorca informa de que el ejecutivo central ha comunicado hoy a las entidades locales su decisión en relación a los planes que tramitaron en su momento.

A partir de aquí se abre un plazo que finalizará el 8 de mayo, fecha en la que el Gobierno dará a conocer cuál es la cantidad de crédito que finalmente autoriza.

Cabe recordar, se explica en la nota, que el plan de ajuste elaborado por el Consell de Mallorca se enmarca dentro del Real Decreto que aprobó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado 24 de febrero.

A través del mismo se permitió a las entidades locales acogerse a este mecanismo de financiación para garantizar el pago a proveedores que mantienen facturas pendientes derivadas de contratos de obra, servicios o suministros anteriores a 31 de diciembre de 2011.

La iniciativa fue sometida a la consideración de los miembros plenarios, obteniendo el voto favorable de los consellers del PP y los negativos de los representantes del PSIB, mientras que la coalición PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca optó por la abstención.

Entonces, la presidenta del Consell, Maria Salom, destacó la importancia de acceder a esta operación de crédito, ya que, según aseguró, «uno de los principales objetivos de esta institución es pagar lo debido».

Fruto de esta decisión, el Consell de Mallorca remitió en marzo al Ministerio de Hacienda 9.342 facturas de proveedores por un importe total de 36,3 millones de euros.

De esta cantidad, la institución insular ha liquidado 7,8 millones de euros de deuda a través de la tramitación de una línea «confirming», quedando por tanto por abonar los referidos 28'4 millones de euros.

Para tener acceso a esta operación, las entidades locales debían presentar un plan de ajuste a diez años capaz de garantizar una situación saneada entre ingresos y gastos, y que tuviera en cuenta las amortizaciones de los préstamos.

Se trata de una situación que el Consell de Mallorca alcanzó a través de las medidas de ahorro y racionalización del gasto que ha venido adoptando desde el inicio de la actual legislatura.