Este caso de corrupción, iniciado en marzo del 2011 por la Fiscalía Anticorrupción, bajo la denominación 'operación Xoriguer', motivó la detención del exalcalde de Ciutadella Lorenzo Brondo. | Serge Cases

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La titular del Juzgado número 2 de Ciutadella, Raquel Martínez, dio ayer por concluida la instrucción del caso Citur y trasladó la causa a la Fiscalía, la acusación particular y la defensa para que formulen su propio escrito de calificación previo al juicio.

A la espera de que pueda solicitarse la práctica de diligencias complementarias, la juez imputa hasta cinco presuntos delitos a los encausados, entre los que se hallan el exalcalde Llorenç Brondo y cuatro de sus concejales. A decir del auto, todos ellos prevaricaron, e incluso los ediles de Turisme, Gabriel Cardona, y Urbanisme, Avel·lí Casasnovas, incurrieron en otros ilícitos que podrían llevarlos a prisión.

Cardona, quien propuso las contrataciones amañadas, se enfrenta a una quíntuple acusación por falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude. Además de él, Casasnovas y Brondo, también prosiguen las diligencias contra las exconcejales Antònia Salord y Antònia Gener (actual número dos del PP), los dos secretarios del Ajuntament, el asesor jurídico, varios funcionarios, el empresario local Joan Manel Mercadal y los dos técnicos de Mallorca igualmente detenidos en el transcurso de la 'Operación Xoriguer'. Es el caso del gerente de SAB, Javier Liy, quien propuso y acordó el precio de los contratos, y del ingeniero Daniel Aguiló, que firmó la mayoría de los proyectos. Según la juez, se actuó «con tal grado de impunidad y burdas maquinaciones» que se causó un «perjuicio a las arcas públicas».

El partido querellante, UPCM, cree «correcto» el auto dictado ayer por la juez al ampliar considerablemente el número de imputados, que el partido había restrigido al principio a sólo cinco: Brondo, Cardona, Casasnovas, Liy y Aguiló.

De hecho, la imputación judicial se mantiene todavía sobre 14 de los 20 imputados en la causa. En su auto, la juez tan sólo exime de culpa a la exarquitecto municipal María Antonia Castro y los técnicos José Manuel Urós (despacho Mariscal), María Teresa Vergara (administradora de Derec SL), Gemma Julia Arellano, Miguel Ángel Mayol y Gisela Loran (Taller d'Enginyeria Ambiental).

Para todos ellos la juez ha dictado un auto de sobreseimiento parcial y provisional al «no considerar debidamente probado que los hechos que se les imputan sean constitutivos de delito». Aunque sus ofertas aparecen en los expedientes de las contrataciones presuntamente amañadas, varios de los hasta ahora imputados han negado haber mandado presupuesto alguno al Ajuntament para participar en las mismas.

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