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La Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita para el exgerente de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, una pena de doce años de prisión por malversación, cohecho, fraude y prevaricación en el juicio que quedará visto para sentencia el próximo día 10 tras un nuevo aplazamiento.

En el escrito definitivo de acusación, el fiscal Pedro Horrach rebaja en dos años su petición inicial de cárcel contra el principal acusado del caso Bitel y retira los cargos contra el exadministrador de la empresa pública Miguel Simonet, quien antes de la vista se enfrentaba a una pena de dos años de prisión.

En cuanto al resto de los acusados, también se reduce la solicitud de condena contra los informáticos Iván Guardia y Ramón de la Iglesia, para los que se proponen sendas penas de un año de cárcel sustituibles por multas, y se mantiene la petición de multa para el exsecretario de la entidad Santiago Romaguera.

La sección segunda de la Audiencia de Palma había fijado para hoy la última sesión del juicio por el caso Bitel tras aplazarlo por la incomparecencia de una testigo cuya declaración fue finalmente desestimada por las partes, pero esta mañana ha suspendido de nuevo la vista hasta el próximo día 10.

El tribunal, presidido por el magistrado Eduardo Calderón, ha atendido hoy la petición de aplazamiento de la defensa de Vidal, que ha pedido tiempo para estudiar los cambios realizados por la fiscalía en el escrito de acusación.

Aunque el fiscal Horrach ha argumentado que las modificaciones respecto al escrito de acusación entregado el pasado miércoles al abogado de Vidal, Eduardo Valdivia, son meramente formales, el magistrado ha fijado para dentro de ocho días la sesión de presentación de conclusiones.

En su escrito, el fiscal considera que el juicio ha permitido probar que el que fuera gerente de Bitel durante la legislatura 2003-2007 se subió el sueldo injustificadamente, hizo compras y sacó dinero para uso privado con la tarjeta de la empresa, se transfirió fondos de la sociedad pública a cuentas particulares, adjudicó contratos a empresas de su propiedad y exigió comisiones a profesionales a los que encargaba trabajos inútiles.

Según Anticorrupción, a cuyo escrito se adhiere la acusación particular que representa al Govern balear, estos actos son constitutivos de un delito continuado de malversación por el que pide seis años de cárcel, otro de cohecho para el que solicita un castigo de cuatro años de prisión y 141.274 euros de multa, y uno de fraude a la Administracion para el que aboga por una pena de dos años de reclusión.

Además, atribuye al principal acusado un delito de prevaricación para el que demanda una inhabilitación de diez años de cárcel. Este castigo y las inhabilitaciones ligadas a los otros delitos imposibilitarían a Vidal acceder a empleo o cargo público durante 52 años.

La Fiscalía pide también a la sala que ordene al exgerente de Bitel indemnizar a la empresa con casi 566.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño causado a su patrimonio.

Para el resto de acusados demanda asimismo que contribuyan solidariamente a esa indemnización en proporción a su intervención en los delitos.