Imagen de una ambulancia durante la primera jornada de huelga. | P. Pellicer

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La segunda jornada de la huelga de ambulancias que está teniendo lugar este domingo ha provocado esperas para el traslado de enfermos desde los hospitales hasta sus domicilios, que van desde los 30 minutos hasta las cuatro horas, a consecuencia de «los pocos recursos que la empresa concesionaria del servicio SSG pone de guardia los fines de semana».

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Transportes de UGT, Javier Marín, ha denunciado que durante la pasada noche únicamente ha habido dos ambulancias para dar cobertura a toda la isla. Además, durante este domingo han trabajado diez ambulancias durante ocho horas.

«En esta segunda jornada de huelga, hemos realizado el correspondiente seguimiento de cobertura horaria que ha efectuado la empresa y hemos comprobado que el servicio está bajo mínimos al verificar que la tónica habitual de esta empresa no varía ni con una convocatoria de huelga».

El comité de huelga también ha criticado que durante toda la jornada únicamente haya existido un ayudante para toda la isla durante ocho horas, «cuando el servicio requiere la presencia de siete trabajadores con esa categoría» puesto que el personal es «necesario para poder realizar la movilización de los enfermos trasladados».

Los trabajadores han recordado que convocaron una huelga indefinida a partir del día 31 que consiste en realizar exclusivamente su jornada laboral diaria de ocho horas en jornada continua.

«Cuando conozcamos los servicios mínimos dictados por la Conselleria de Sanidad, podremos contrastar la deficiente cobertura horaria que ha prestado la empresa durante el fin de semana» ha afirmado Marín.

El Comité de empresa viene recordando mediante continuas protestas, que a los trabajadores de las ambulancias programadas se les adeuda la paga extra de Navidad y la de marzo, así como los atrasos generados por la subida salarial contemplada en el convenio colectivo firmado el pasado año. Asimismo, exponen que llevan desde el último año reclamando judicialmente, impagos por parte de la empresa de cantidades atrasadas, que ascienden a 8.000 euros de media por trabajador.