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El Consell de Govern ha aprobado hoy la primera fase del proyecto de reestructuración del denominado sector público instrumental de la Comunidad Autónoma -empresas públicas, consorcios y fundaciones-, que contempla el despido de 400 trabajadores que no son funcionarios.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Rafael Bosch, ha dado cuenta de este acuerdo y ha señalado que la segunda fase, que se aprobará más adelante, se calcula que afecte a otros 400 trabajadores más.

En este sentido, el director de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García, ha dicho esta semana en el Parlament que la intención del Ejecutivo es que se reduzcan en 2012 las empresas públicas de un total de 174 a 75, lo que conllevará una disminución del gasto de 178 millones de euros.

En este contexto, el Consell de Govern ha aprobado hoy el decreto que regula la reestructuración de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares y la fusión de la Fundación de Investigación Sanitaria Ramon Llull y la Fundación Mateu Orfila.

También se ha dado el visto bueno a la extinción de la Fundación Balear de la Memoria Democrática, creada en 2009 y financiada íntegramente con aportaciones de la Comunidad Autónoma. Esta fundación no disponía de plantilla ni de gerente.

Su eliminación, ha aclarado Bosch, no influye para que la Administración balear continúe aplicando las obligaciones derivadas de la ley de la Memoria Histórica.

Finalmente, el Ejecutivo balear ha aprobado el informe de la dirección general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios por el que se eliminan el 60 % de las plazas que a día de hoy no están ocupadas ni dotadas.

Según el informe, actualmente hay 2.716 puestos de trabajo que ni siquiera tienen dotación económica, y por tanto, no están ocupados por ningún empleado.

La Conselleria de Administraciones Públicas propone eliminar 1.049, que corresponden todas a servicios generales y ninguna a personal sanitario o docente.