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La coalición PSM-IV-ExM ha asegurado hoy que el Govern ha consumado «el mayor ataque a la lengua propia desde la recuperación de la democracia» con la aprobación de la modificación de la Ley de Función Pública.

El Govern «sólo se preocupa de aprobar medidas antimallorquinas, antimenorquines y antiibicencas que van contra nuestra lengua, contra nuestra cultura y contra la cohesión social del país», ha afirmado el portavoz Biel Barceló en un comunicado, en el que ha añadido que Baleares espera del Ejecutivo autonómico otro tipo de medidas, que reactiven la economía y creen puestos de trabajo.

El Govern ha aprobado hoy la modificación de la Ley de la Función Pública por la que el catalán, a partir de ahora, deja de ser un requisito para trabajar en la Administración autonómica y se convertirá en un mérito, aunque hay varios casos en los que continuará siendo un requisito como en la educación.

Con esta aprobación, el Govern «da la espalda a la mayoría social de este país y hace caso de los sectores más radicales de nuestra sociedad, incluso en contra de un gran número de votantes del PP», ha añadido Barceló.

Según ha explicado el diputado econacionalista, la aprobación de la modificación de la Ley de Función Pública y la de Normalización Lingüística «son medidas que agravan de manera inequívoca las desigualdad social y jurídica existente entre el catalán y el castellano (..)».

El PSM-IV-ExM recuerda que la ley de normalización y el requisito lingüísticos «aunque no solucionan la desigualdad jurídica entre las dos lenguas oficiales, al menos garantizan la igualdad en el acceso a la función pública y el mínimo cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos», ya que establecen unos mecanismos que tienen como objetivo corregir esta desigualdad.

Para Barceló con la aprobación de la modificación de la ley, el Govern del PP ha consumado «el mayor ataque a la lengua propia de los mallorquines desde la recuperación de la democracia».

Ha lamentado, además, que el presidente autonómico, José Ramón Bauzá, haya roto de forma unilateral el consenso existente en «convivencia lingüística» en los últimos 25 años.