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El Parlament ha rechazado hoy una proposición no de ley que solicitaba la retirada del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Función Pública, que elimina el catalán como requisito para acceder a la Administración.

La propuesta, que ha sido debatida esta mañana en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Cámara autonómica contó con 9 votos en contra del PP y 5 a favor de los grupos de oposición, PSIB-PSOE y el PSM-IV-ExM.

La proposición no de ley solicitaba que el Parlament inste al Govern balear a retirar el anteproyecto de ley de Función Pública «que modifica a través de una disposición adicional la Ley de Normalización Lingüística de Islas Baleares», según ha informado la Cámara autonómica en un comunicado.

El grupo parlamentario popular ha calificado al PSM-IV-ExM de «hipócrita» por presentar esta propuesta y le ha acusado de «actuar por oportunismo político».

Según ha informado el PP en un comunicado, cuando gobernaba el Pacto (PSOE-PSM) se exigía el catalán «o no» para acceder a «determinados puestos según su propio interés», mientras que ahora la oposición defiende «de un modo apasionado» que esta lengua sea un requisito para acceder a la Función Pública y que se aplique «a todo el mundo sin excepción».

El diputado popular Fernando Rubio ha asegurado que su partido sí ha sido «claro y transparente», ya que ha dicho que se eliminaría el catalán como requisito en la Función Pública y así lo hará.

Por otra parte, el Parlament sí ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una proposición no de ley presentada por los socialistas, que insta al Govern a seguir colaborando «económicamente con los clústers constituidos en las islas, para que estos puedan dar soporte a las empresas innovadoras que se agrupen en su entorno».

Sin embargo, la Cámara autonómica ha rechazado también, con 9 votos en contra del PP y 5 a favor del PSOE y el PSM-IV-ExM, una propuesta no de ley sobre el traspaso de competencias en promoción turística a los consells insulares, planteada por los socialistas.

La proposición no de ley instaba al Ejecutivo autonómico a convocar una comisión mixta de transferencias Govern-consells para comenzar los trámites para que en esta legislatura se traspasen a los organismos insulares las competencias de promoción turística, como lo prevé el Estatuto de Autonomía de Islas Baleares y la ordenación turística del Consell de Mallorca.