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Corren malos tiempos para la obra pública hasta el punto de que las obras licitadas por el Govern el año pasado sólo supusieron un desembolso de 31 millones de euros, frente a los 122 millones que se invirtieron el año anterior. El último informe de el Observatorio de la Construcción, Seopan, pone de manifiesto que la crisis se ha llevado por delante la inversión pública en las Islas hasta el punto de que, en sólo un año, el descenso fue superior al 73 por ciento.

Hay dos causas que explican la drástica reducción de inversiones. Por un lado está la patente falta de recursos del anterior Govern, que en los cinco meses del año que gobernó no inició nuevas obras, pero además está la decisión del nuevo Govern del PP de dejar en suspenso toda nueva inversión hasta tener en sus manos una radiografía clara de la situación económica de las Islas.

En cualquier caso, la brutal caída de la obra pública en las Islas no es única en España. Hay comunidades autónomas en las que el descenso fue aún más acusado que en las Islas. En Castilla-La Mancha la inversión de la Junta se redujo nada menos que un 91,6 por ciento y en Catalunya el descenso fue de más del 84 por ciento. El descenso de Extremadura también se sitúa por encima del de Balears, con una caída del 76 por ciento

Perspectivas

Las perspectivas pata este año no son mejores. De hecho, la previsión es que la licitación de obra pública caiga a mínimos históricos. Para muestra, un botón: en enero de 2012, última fecha de la que se dispone la cifra, no se licitó ni un euro en obra pública del Govern en las Islas. Dado que la licitación de obra se encuentra en la fase inicial de la construcción, es más que probable que en los próximos meses no se arranque ninguna nueva obra por parte del Govern.

El Ejecutivo de José Ramón Bauzá ha repetido en numerosas ocasiones que debe ser la empresa privada y no las entidades públicas, quien tire del carro de la inversión. El Govern confía en que inversores privados se instalen en las Islas y reactiven la economía. El equipo de Bauzá ha anunciado que ésta no será la legislatura de grandes obras ni de grandes infraestructuras ya que en estos momentos la mirada está puesta en poder pagar los servicios básicos y no aumentar aún más el déficit de la Comunitat Autònoma, que el año pasado se situó en el 4 por ciento, muy por encima de la previsión del 1,3 que marcó el Gobierno central.