TW
83

Los seguros médicos privados desgravarán en determinadas condiciones. Esa es la principal novedad del paquete fiscal que ayer anunció el Ejecutivo autonómico y que se completará con el incremento de dos impuestos (el que grava los vehículos contaminantes y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) y la entrada en vigor del llamado ‘céntimo sanitario', que gravará con 4,8 céntimos (más IVA) el litro de combustible para sufragar el gasto sanitario.


Para el futuro se dejarán otros posibles incrementos, que ayer no se detallaron, y otra serie de medidas destinadas a reducir el déficit.


Con las medidas anunciadas ayer, y que fueron acogidas con críticas desde la oposición, el equipo económico del Govern espera conseguir unos 65 millones, aunque la cifra que tiene que recortar para cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno central es de 350.


Todas las medidas tributarias entrarán en vigor en el mes de abril y el objetivo es cumplir el objetivo de déficit del 1,5 %.

Noticias relacionadas


De los 350 millones de euros que debe ahorrar este año la Administración balear, 65 millones se lograrán gracias a estos nuevos tributos y en unas semanas el Govern hará público un paquete de medidas de ahorro para disminuir el gasto en unos 285 millones de euros más.


El compromiso


El vicepresidente económico, Pep Ignasi Aguiló, destacó que los impuestos no afectan al ahorro ni a la creación de puestos de trabajo, sino que su finalidad «provisional» es hacer frente la necesidad de reconducir el déficit.
El vicepresidente indicó que en ocho meses de gobierno el Ejecutivo ha ahorrado 500 millones de euros, aunque es necesario restar 200 millones de facturas del Servei de Salut de las Islas Balears (Ib-Salut) que no estaban presupuestadas.


El Govern ya realizó hace meses una reestructuración del sector público, que supuso la fusión y desaparición de empresas públicas y la previsión de prescindir de unos 800 empleos.


Según Rafael Bosch, el compromiso del Ejecutivo es que los recortes no afecten a educación, sanidad y servicios sociales.