Foto de archivo de José María Ruiz-Mateos. | Efe

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José María Ruiz-Mateos ha sido citado de nuevo en los juzgados de Palma el próximo miércoles en virtud de una tercera querella por estafa en la venta de un hotel en Mallorca, después de que el pasado mes compareciera en dos juzgados de instrucción de la capital balear por sendas estafas muy similares.

Ruiz-Mateos tendrá que responder como imputado en el juzgado de instrucción 5 de Palma a las 10.30 horas de las acusaciones de la familia Hoz, que vendió en 2006 el Hotel Samoa -situado en Calas de Mallorca- a la familia del empresario jerezano por 21 millones, de los cuales no han cobrado alrededor de 12.

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, está dirigida contra el empresario, sus seis hijos varones (que actuaron en calidad de avalistas solidarios en la compraventa) y los representantes legales de varias empresas del grupo.

Entre ellas figura la sociedad que compró el hotel, Free Size, cuyos administradores son Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos, y Susana Álvarez Ampuero, considerada por la Agencia Tributaria uno de los principales testaferros de la familia.

Esta empresa, dedicada al negocio inmobiliario, se constituyó en 2006 y tiene como socio único una «extraña entidad 'offshore' (de evasión fiscal)», indica la querella, que es además diferente a la que en 2006 figuraba como socia (entonces era una empresa de Belice).

La querella firmada por la abogada Isabel Fluxá explica que la mayor parte de la venta (casi 20 millones) se aplazó y se convino que los Ruiz-Mateos la irían abonando con pagarés mensuales, algo que dejaron de hacer en el año 2010.

Además, la familia de empresarios constituyó sobre el inmueble (al igual que en las otras dos estafas por ventas de hoteles investigadas en Palma) una hipoteca de 16 millones que no destinó, según la querella, al propio establecimiento hotelero, sino que fueron a una «caja única» en cuentas corrientes de paraísos fiscales.

En febrero de 2010, los compradores comunicaron a la familia Hoz que no podían hacer frente a los pagos dada la mala situación de su grupo de empresas, pero les indicaron que era algo temporal.

Los Hoz accedieron a alargar los pagarés bajo «engaño», explica la querella, ya que en ese momento los Ruiz-Mateos ya sabían que no iban a poder hacer frente a los pagos puesto que estaban preparando el concurso de acreedores de sus empresas.

Los Ruiz-Mateos intentaron luego convencer a los querellantes de que no iniciaran acciones legales contra ellos prometiéndoles que les pagarían y enviándoles como prueba un contrato de préstamo por 65 millones que, según la familia Hoz, era falso.

«Para terminar la estafa», añade el escrito, ofrecieron a los Hoz «un contrato leonino» por el cual renunciaban a reclamar la deuda a cambio de la promesa de que recibirían la indemnización que el Estado debía a los empresarios jerezanos por la expropiación de Galerías Preciados.

Sin embargo, apunta, los querellantes se enteraron por la prensa de que el Gobierno no adeudaba nada a la familia Ruiz-Mateos.