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La sociedad que mantenían el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y el profesor del Esade Diego Torres en el Instituto Nóos se rompió en 2008 por diferencias irreconciliables entre ambos, según consta en el sumario de la pieza número 25 del 'caso Palma Arena' al que ha tenido acceso este diario, después de que el juez instructor de la causa, José Castro, haya levantado el secreto del sumario.

El empresario valenciano Miguel Zorio Pellicer, administrador de la empresa Lobby Comunicación, declaró en calidad de testigo ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que entre mediados y finales de 2008 le informan que Iñaki Urdangarín y Diego Torres «han discutido y se separan».

Añadió que a partir de ese momento solo mantuvo relaciones con el marido de la infanta Cristina. «Me dijo (Urdangarín) que había analizado las cuentas del Instituto Nóos y ha detectado que Diego Torres le estaba robando», explicó Zorio. Dijo, asimismo, que también se puso en contacto con Torres y que su versión sobre la separación fue: «Iñaki Urdangarín no trabaja, no tenía dedicación en Nóos y hemos tenido problemas en el reparto de beneficios».

Sobre la ruptura de ambos socios en Nóos también declaró el cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, quien admitió que «acabaron mal».

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«A Diego le sentó mal que Iñaki se fuera», afirmó.

Indicios

El sumario, de casi 2.000 páginas, recoge numerosos indicios supuestamente incriminatorios contra Urdangarín, Torres y una decena de imputados más, entre ellos los exaltos cargos del Govern de Jaume Matas, Dulce Linares, José Luis 'Pepote' Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alia Anticorrupción dedica varias páginas de su informe a los dos convenios rubricados entre el Instituto Nóos y el Govern de Matas, a través de la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en 2005 y 2006 por un total de 2,3 millones de euros, de los cuales 1.386.739 fueron presuntamente desviados a fines particulares.

En el caso del primero de los convenios dirigido a poner en marcha un foro sobre turismo y deporte, el Ministerio Público asevera que no consta más que el convenio y el presupuesto aportado por Nóos, de «una sola hoja» en la que se detallan los supuestos costes para desarrollar la cumbre y ejecutar los servicios. Más allá de esto, ni una sola factura que justifique o acredite que el Instituto destinó los 1,2 millones al objeto del convenio. En lo que se refiere al segundo de los convenios, dirigido a desarrollar un Observatorio Permanente de Turismo y Deporte con sede en Balears y presupuestado en 1,1 millones, la Fiscalía postula que 396.073 euros no han sido justificados documentalmente;