Martín y Vicens en el banquillo de los acusados en una de las piezas de Son Oms. | S. Amengual

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El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha solicitado al juez instructor del 'caso Son Oms' que dé traslado a las partes para formular acusación en una pieza separada de esa causa, relativa a la sociedad Metalumba, contra dos exdirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Miquel Nadal, y otros cinco imputados, a quienes se les atribuyen hasta ocho delitos.

Vicens, Nadal, y también Antonia Martorell, Elizabeth Diéguez, Jaime Montis, Tomás Martín y John Leaners son penalmente responsables de los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, según el fiscal.

Ingresos ilícitos

El fiscal afirma en su escrito que Vicens, en prisión por otra pieza del 'caso Son Oms' y su esposa, Antonia Martorell, crearon la sociedad Metalumba, administrada por Elizabeth Diéguez, que carecía de actividad real, «con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos, así como su verdadera riqueza y rentas ocultas y, al mismo tiempo, evitar la correcta tributación de esa riqueza». Señala que Vicens, «estando en el ejercicio de sus cargos (conseller insular del Terrritori) recibió 559.922 euros, bien directamente, bien a través de su esposa o de la sociedad Metalumba que ambos compartían». El dinero total aflorado desde Metalumba ascendió a 621.000 euros, según el fiscal. En relación al abogado Jaume Montis, el fiscal señala que «efectuó pagos a Metalumba por una cuantía de 301.020 euros, y Vicens y su esposa, por su parte, emitieron diversas facturas a Montis Abogados SL para dar una apariencia de justificación a esos ingresos». Tomás Martín y Leaners aportaron facturas falsas, según el fiscal, utilizadas por Metalumba en las declaraciones tributarias de impuestos de sociedades e IVA. Con respecto a Miquel Nadal, el fiscal afirma que ayudó a Vicens para posibilitar «un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias de los polígonos industriales, entre ellos, Son Oms, con el consiguiente «beneficio injusto» que suponía esa medida.