Jaume Matas, en una de sus comparecencias en el juzgado. | J. TORRES

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El interrogatorio de los 48 testigos del juicio contra el expresidente balear Jaume Matas por el caso Palma Arena que se celebrará a partir del 9 de enero en la Audiencia de la capital balear ocuparán cinco días de los trece en los que se desarrollará la vista oral.

Matas se enfrenta en esta pieza del Palma Arena a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por los supuestos pagos fraudulentos, por valor de 483.186 euros, que el Govern balear hizo al periodista que le escribía los discursos.

Según informa hoy el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado, el juicio se celebrará los días 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 16, 27, 30 y 31 de enero en la Sección Primera del tribunal a partir de las 10.00 horas y, eventualmente, en horario de tarde.

Los dos primeros días arrancarán con las cuestiones previas y el interrogatorio de Jaume Matas, en primer lugar, y de los otros cinco acusados.

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Aparte del expresidente, los encausados son el periodista Antonio Alemany; la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; la exdirectora general de la televisión autonómica IB3, María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el exdirector general de Comunicación del Govern balear Joan Martorell.

A continuación, el día 12 comparecerán diez testigos, el día 13 otros catorce, el 16 nueve más, el 17 otros once testigos y el 19 cuatro testigos y un perito.

El 23 de enero se practicarán las pruebas documentales, el 24 será el turno de las conclusiones y los informes de las acusaciones, donde la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern balear harán sus peticiones finales de pena.

Los días 26 y 27 de enero expondrán sus conclusiones las defensas de los acusados y, finalmente, los días 30 y 31 se reservan para posibles eventualidades.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Matas por esta pieza del Palma Arena de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración, mientras que su defensa reclama su absolución.