Joan Flaquer y ‘Pepote’ Ballester, en una rueda de prensa en 2004. | Jaume Morey

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Ex altos cargos del Govern de Jaume Matas han declarado ante los fiscales anticorrupción y la policía que fue «el president» quien impuso los contratos millonarios suscritos con el Instituto Nóos cuando lo presidía Iñaki Urdangarín.

El Ejecutivo de Matas pagó 2,3 millones de euros a Nóos en 2005 por dos jornadas internacionales sobre deporte y turismo.
El juez instructor del ‘caso Palma Arena' investiga bajo secreto en la pieza separada número 25 de esa causa los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación.

Las declaraciones de dirigentes del PP, entre ellos, Joan Flaquer, Rosa Puig, Juan Carlos Alía y Dulce Linares, serán contrastadas con la versión que Matas tendrá que dar cuando comparezca en calidad de imputado ante el juez Castro, según las fuentes consultadas por este diario.

Los investigadores intentan determinar cómo se gestó el acuerdo que desembocó en el desembolso de 2,3 millones de euros de las arcas públicas, sin que mediara control alguno, ni tampoco se convocara un concurso público.

«Lo que representaba»

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Matas ha declarado públicamente que «no podía» pedir al duque de Palma que se sometiera a un concurso público debido a «lo que representaba», en directa alusión a su condición de yerno del Rey y miembro de la Casa Real.

Fiscales y policía consideran que en la decisión de dar luz verde a la celebración en Palma de unas jornadas turístico-deportivas desempeñó un papel clave el exdirector general de Deportes del Govern José Luis Pepote Ballester, dada la amistad que mantenía con la esposa y la cuñada de Urdangarín, las infantas Cristina y Elena, respectivamente, por su vinculación al deporte de la vela.

Pepote Ballester, precisamente, será interrogado como imputado en los próximos días.

En la documentación incautada en los registros a sociedades relacionadas con el Instituto Nóos no se ha hallado ninguna prueba de que esa entidad justificara con facturas el dinero aportado por la empresa de Urdangarín y Diego Torres, éste último, imputado en la causa y que será citado a declarar por tercera vez.

Precisamente, los investigadores han reunido indicios «más que suficientes» para probar que Urdangarín y Torres camuflaron las actividades de Nóos como una ONG sin ánimo de lucro para obtener pingües ganancias.