Manuela Cañadas, ayer en su casa de Palma. La viuda está indignada con el Gobierno español. | Alejandro Sepúlveda

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El Ministerio del Interior no ha reconocido plenamente a Manuela Cañadas como víctima de terrorismo y le ha concedido un 40% de la ayuda prevista. La viuda del piloto mallorquín Antonio Planas, asesinado en Kabul, asegura sentirse indignada y no entiende por qué ella y su hija Aina no han percibido el total de la aportación económica, que debía ascender a 250.000 euros.

El pasado 29 de junio Manuela Cañadas recibió una llamada telefónica de la embajada de España en Afganistán que le anunció que su esposo, el piloto palmesano, había sido asesinado por los talibanes en el hotel Intercontinental. Desde entonces, lucha para que el Gobierno reconozca que ella y su hija de corta edad son víctimas del terrorismo.

Resolución

Ayer, a través de su abogado Cristóbal Mora, Manuela recibió la resolución de Interior, que le concede sólo el 40 por ciento de la indemnización. «Es algo penoso, muy indignante. Mi hija se ha quedado huérfana y yo viuda. Todavía necesitamos de apoyo psicológico y ahora resulta que el Gobierno nos quita 150.000 euros de la indemnización prevista para víctimas del terrorismo. No entiendo nada», contó ayer a Ultima Hora.

Su abogado ya ha anunciado que recurrirá la resolución del Gobierno «porque se está cometiendo una gran injusticia con Manuela y con su hija. No se les concede la asignación completa de víctimas del terrorismo, no hay becas para la niña ni complementos extras para que pueda criarla. Antonio Planas era el cabeza de familia, el que aportaba los ingresos, y es justo que el Gobierno dé la cara porque su familia se ha quedado desamparada». Para Cristóbal Mora «está clarísimo» que cuando se produjo el ataque de los talibanes en el hotel de Kabul «se estaba celebrando una reunión para el traspaso de poderes entre el Gobierno afgano y la OTAN. Ese no era el lugar adecuado, porque había civiles, como Antonio. Fue clarísimamente una víctima del terrorismo internacional, pero el Gobierno español no lo ve así, por eso hemos recurrido la resolución».