TW
1

El Parlament ha rechazado, gracias al voto en contra del grupo popular, una proposición de ley que planteaba cambiar el reglamento de la cámara para obligar a los diputados a presentar una declaración de sus bienes patrimoniales y de las actividades económicas que les proporcionen ingresos.

La proposición, planteada por PSM-IV-ExM y a favor de la que ha votado el PSOE, también recogía que los diputados debían presentar una copia de su declaración del impuesto de la renta, al tiempo que disponía que estos datos estarían al alcance de los ciudadanos gracias a su publicación en el boletín oficial del Parlament.

El diputado del PP Fernando Rubio ha justificado la negativa de su grupo a aprobar la propuesta en que hace tan solo siete meses que se reformó el reglamento después de 20 años de vigencia, por lo que ha considerado que es necesario «huir de reformas exprés».

Los diputados de PSM-IV-ExM y PSOE, Antoni Alorda y Lourdes Aguiló, han criticado que el PP haya votado en contra, ya que han recordado que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado aprobaron publicar estos datos.

Según Alorda, esta difusión ayudaría a cambiar la imagen de los políticos, después de la percepción de que el Govern del PP de Jaume Matas (2003-2007) «era una cueva de ladrones».

«Todos tenemos que reaccionar por la impresión política que ustedes han dado», le ha dicho Alorda al grupo popular, y ha considerado que se necesitan «gestos contundentes» para recuperar la credibilidad en la clase política.

«El Partido Popular debería ser el que más interés tuviera en ello», ha agregado.

Por su parte, Aguiló ha considerado un «error» la postura del PP, ya que a su juicio «las cosas cambian mucho en la calle» y la ciudadanía reclama a los políticos que adecúen la dinámica parlamentaria a sus exigencias.

La socialista ha señalado que no esperaba esta negativa y ha pedido al PP que «no tenga miedo» a iniciar una ponencia para cambiar el reglamento, ya que tiene la mayoría absoluta y la posibilidad de obligar a los demás grupos a pactar.

«Si no, digan que no quieren que se de a conocer su patrimonio», ha dicho acto seguido al grupo popular.

El diputado popular les ha contestado que hay que ser «prudentes» y que su grupo no quiere «bajar a las cloacas para cambiar el reglamento», a la vez que ha reprochado a Alorda que use este tema para hacer «política pancartera» para salir en los titulares.

El pleno también ha aprobado por unanimidad una ley que autoriza al Govern a endeudarse en 209 millones este año, que servirá, según el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, para pagar a acreedores, pero que aún se tiene que plasmar, ha recordado el PSOE, en la concesión del crédito por los bancos.

El proyecto de ley de autorizaciones financieras durante 2011, período de prórroga presupuestaria, se ha aprobado por unanimidad y se produce gracias a que, ha recordado Aguiló, el actual Govern consiguió la autorización del Gobierno central tras presentar un plan de reequilibrio financiero.

El endeudamiento que puede obtener el Ejecutivo, a devolver en un periodo de varios años, fue aprobado por el Consell de Govern en octubre y es un trámite legal necesario cuando los presupuestos de la comunidad están prorrogados, como es el caso en 2011, para permitir recurrir al crédito.

Durante la defensa de la ley, Aguiló ha recordado que los últimos gobiernos baleares gastaron en los últimos años «mucho más» de lo que ingresaban y se han endeudado por la diferencia.

«Hoy es importante reconocer, señorías, que son los proveedores de la Comunidad Autónoma los que, con su crédito, cubren una buena parte del déficit acumulado», ha afirmado.

A esto ha añadido que es «muy consciente» del esfuerzo de estos empresarios que, a pesar de la situación, «siguen levantando cada día la Comunidad».

El diputado socialista Joan Boned ha recordado a Aguiló que, tras la autorización, el Govern aún debe conseguir el crédito de los bancos, y le ha reprochado su «ineptitud» en este aspecto.

Finalmente, el pleno ha rechazado, con los votos del PP, una proposición de ley del PSOE para regular los derechos de los ciudadanos frente a las operadoras de telefonía móvil y fija y de internet.