De izquierda a derecha, Antoni Verger, Marisol Fernández y Mateo Isern. | Jaume Morey

TW
20

El incremento del 3 % en la tarifas de Emaya y el aumento progresivo de entre un 6 y un 12 % del IBI, y del 6 % del IAE, así como la aprobación de medidas racionalización y reducción del gasto en personal, han sido ratificadas hoy por la comisión extraordinaria de cuentas, economía y recursos humanos del Ayuntamiento de Palma.

La comisión, que se ha reunido hoy tras el pleno extraordinario del Ayuntamiento en el que se ha aprobado la designación por sorteo de las mesas electorales para las próximas elecciones generales del 2-N, ha discutido durante más de horas el aumento de estos impuestos propuesto por el equipo de gobierno municipal y las medidas que afectan al personal del consistorio.

Durante la discusión sobre el incremento del 3 % de las tarifas de Emaya, anunciadas la semana pasada, el concejal socialista Andreu Alcover, ha denunciado que este aumento es «indecente» en una empresa que ha dado beneficios en los últimos años dos años, y se prevé que cierre 2011 con cerca de 2 millones de euros de superávit.

«No se puede decir que es necesario aumentar los impuestos cuando una empresa tiene beneficios», ha precisado Alcover, a la vez que ha informado de que Emaya obtuvo en 2009 ganancias por un valor de 140.000 euros y en 2010, por 600.000.

El presidente de Emaya, Andreu Garau, ha justificado este aumento al hecho de que no ha habido subidas desde 2008 y ha asegurado que aunque las cuentas están equilibradas no tendrán beneficios.

Ha señalado que es necesario invertir en medidas para mejorar el servicio por «responsabilidad», «aunque no sea rentable».

Propuestas rechazadas

La comisión, con una mayoría de miembros del PP, ha rechazado la propuesta del PSM-IV-ExM, que proponía que las grandes superficies y empresas paguen más por el IBI y no las familias, así como aplicar un recargo del 50% del valor de los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren desocupados.

Noticias relacionadas

Y aunque la oposición ha rechazado el aumento del IBI , de entre un 6 y un 12 % y el 6 % del IAE, que seguirá adelante para ser aprobado en pleno. Además, ha pedido al equipo de gobierno un plan global de austeridad porque sin él dan «palos de ciego», como ha dicho el concejal socialista José Hila, que ha calificado la política de recortes de «chapuza».

El exconcejal de Hacienda, el socialista Andreu Alcover ha denunciado que el equipo de gobierno ha dejado de contabilizar cerca de 49 millones de euros en las cuentas municipales que podrían colaborar a disminuir el déficit, dejar superávit y evitar la subida de impuestos y tasas propuesta por el equipo de Cort.

El concejal de Hacienda, Julio Martínez, que ha presidido la comisión, ha rechazado esta afirmación y le ha pedido más «seriedad» en vista de que conoce bien las cuentas.

Política de recortes y racionalización

Según Alcover, esos 49 millones podrían haberse obtenido si el PP, cuando era oposición, hubiera aprobado la modificación de crédito de 14 millones de euros; si se reclama al Govern los 24 millones que le debe a Palma por la ley de capitalidad y si se hubiera cobrado el 4 % del impuesto de construcción a Son Espases (11 millones) -y que debía que cobrarse al inicio de la obra-

Martínez ha negado estas posibilidades y ha asegurado que ahora hay que decidir «cómo» se va a reducir el déficit municipal de 22 millones de euros.

La concejal popular Irene San Gil ha explicado que la política de recortes y racionalización de gasto de personal, aprobada también por la comisión, permitirá ahorrar cerca de 4 millones de euros al Ayuntamiento, indispensables para superar las situación en la que se encuentra el consistorio.

Entre las medidas se encuentran la suspensión del pago de las horas extra a los funcionarios municipales, excepto Policía, Bomberos y personal de Alcaldía; la amortización de las plazas de interinos, y la reducción de un bono de productividad.

Los representantes sindicales del personal de Cort, y de la Policía Local, que ha estado presentes en la comisión, han mostrado su desacuerdo con la «pérdidas de derechos de los trabajadores», pero han asegurado que estas medidas de recortes «no afectará a la calidad de su trabajo».