El apoderado de Núñez y Navarro, Vicente Pascual, ha explicado que la constructora entiende que no le corresponden los pagos de dicha deuda al Ajuntament, tal como aseguró la semana pasada el portavoz municipal y teniente de alcalde d'Economía i Hisenda, Julio Martínez.
La deuda deriva de la actuación del Ajuntament de Palma en el proyecto de la Fachada Marítima, donde ha acometido una «unidad de actuación urbanística» para dotar la zona de servicios y posteriormente ha repercutido su coste en quienes tienen derechos urbanísticos allí.
Según Pascual, los terrenos a los que corresponden estas cuotas de urbanización serían propiedad de Gesa (actualmente Endesa) en virtud de una sentencia que resuelve el contrato de compraventa de los mismos entre Núñez y Navarro y la eléctrica. La sentencia «aclara las cosas» aunque todavía no es firme.
En opinión del apoderado de la constructora, la solución pasa «por un nuevo convenio entre el Ajuntament y Gesa», ya que todo el contencioso se originó porque Gesa vendió los terrenos al existir unos convenios con Cort, pactos que luego el consistorio incumplió.
Núñez y Navarro ha recurrido dicha cuota de urbanización, primero ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal que denegó el recurso, y posteriormente ante un juzgado de lo contencioso-administrativo.
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