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Josep Ignasi Aguiló, vicepresidente Económico del Govern, aseguró ayer que «la reducción de liberados sindicales que se podría hacer desde el Govern rondaría entre el 65 y el 70% y justificó la decisión afirmando que «en estos momentos hay muchos más liberados de los que marca la ley».
Así lo dijo ayer Aguiló, en declaraciones recogidas por Europa Press, precisando que este recorte «no es la propuesta firme del Govern», sino «únicamente lo que se podría hacer».
Aguiló pidió ayer «un esfuerzo a todo el mundo a la hora de reconducir la situación económica. Pediremos a los sindicatos que nos ayuden para tener una situación más esperanzadora de cara al futuro», apostilló.
UGT
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Aurelio Martínez, recordó ayer que la representación sindical está regulada por un decreto de 2006 consensuado con las organizaciones sindicales que se aprobó cuando Jaume Matas era president del Govern y José María Rodríguez conseller de Interior i Funció Pública.
Martínez afirmó ayer que el Govern está tratando de «demonizar» a los sindicatos e intentando «confundir a la opinión pública sobre lo que son los representantes sindicales, liberados institucionales y los liberados por acumulación de horas».
El representante de la UGT consideró que son «aproximadamente unas 300 personas que representan a cerca de 40.000 trabajadores de toda la Administración en Balears».
Martínez aseguró que el que los representantes sindicales vuelvan a sus puestos de trabajo «no es la solución para esta comunidad».
«Si es lo único que se les ocurre hacer, que busquen otra cosa porque con esto no se van a solucionar los problemas de la Comunitat», puntualizó Martínez.
«Esta medida no va a suponer un ahorro para las arcas públicas, porque más del 80% de la gente que se dedica a representatividad sindical viene determinado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y ahí el Govern no puede hacer absolutamente nada», afirmó Aurelio Martínez.
El 20% restante deriva del acuerdo firmado en la época Matas, concretamente en 2006, con el que se pretendía racionalizar «la representación sindical» y concentrarla en menos personas.
Oposición
Por otra parte, la diputada del PSM-IV-ExM Joana Lluïsa Mascaró incidió ayer en que la necesidad de reducir el gasto público de la Comunitat «no quiere decir amputar derechos a los ciudadanos a través de sus representantes sindicales». Mascaró añadió que habrá que ver si con esta medida se conculcarán los derechos sindicales y si el recorte se hace porcentualmente a todos los sindicatos por igual.